La diferencia entre legislar en una materia, pongamos la lucha contra los efectos de la crisis en materia de empleo, por la vía directa o hacerlo después de alcanzar el consenso con los interesados, en este caso trabajadores y empresarios, está muy clara. El Gobierno no actúa en solitario, sino respaldado por el acuerdo, por lo que se puede decir que el pacto le fortalece. Se pueden hacer muchas lecturas del diálogo social, pero la de que si sale bien beneficia al Gobierno, sobre todo si éste no tiene mayoría parlamentaria, es perfectamente legítima y tan real como cualquier otra.
Desde ese punto de vista, la actitud de Gerardo Díaz Merchán y su equipo directivo de la CEOE tiene todo el sentido del mundo. Cree que la situación económica tiende a respaldar sus posiciones, por lo que el tiempo va a su favor; y además puede ayudarle a conseguir un Ejecutivo más cercano a sus intereses. De ahí, la dureza de la respuesta del Gobierno, primero a través de Celestino Corbacho y luego el propio José Luis Rodríguez Zapatero.
Es verdad que la patronal no ha pedido el despido libre ni la indefensión jurídica de los trabajadores, al menos no de forma abierta. Lo que ha hecho es volver a plantear sus primeras reclamaciones, como si nunca hubiera habido diálogo. Es un sistema eficaz de poner palos en las ruedas para impedir cualquier firma. Y luego, cuando el Gobierno ponga en marcha las medidas que considere necesarias, tanto la patronal como sus aliados políticos tendrán las manos libres para ejercer de oposición y desgastar al Ejecutivo que tendrá sobre sus espaldas las dramáticas cifras de desempleo que se intuyen para el otoño. La EPA del segundo trimestre revela un dato tremendo; el paro sube menos porque la población activa se reduce: inmigrantes que tiran la toalla y vuelven a su país, y mujeres que desisten de trabajar fuera de casa. El ambiente les será más propicio.