Bilbao. El actual código penal castiga con más dureza la venta de un DVD pirata en la calle que un homicidio imprudente. Los manteros se enfrentan a penas de hasta dos años de cárcel si son detenidos con copias ilegales en su poder, una condena mayor que una persona que robe 15 CD en un centro comercial o conduzca borracha. Un castigo demasiado duro para quienes constituyen el eslabón más débil de la cadena, que muchas veces no tienen más remedio que deambular de bar en bar para ganar unos míseros euros que le permitan subsistir.

La gota que ha colmado el vaso en Bizkaia ha sido la orden de expulsión a la que se enfrenta M.K., un senegalés vecino de Bilbao que fue detenido en agosto del año pasado en Torrelavega, junto a un compatriota, ambos sin antecedentes penales, porque en su bolsa llevaban CD y DVD piratas. Su historia es similar a la de muchos sin papeles; su padre era temporero en la mandioca, un sueldo escaso para mantener a su familiar. Viajar a Europa y enviar dinero a su familia para que sus hermanos puedan estudiar se convierte entonces en su objetivo. M. se traslada a Mauritania, donde trabaja como conductor para ganar el dinero que le piden para embarcar en una patera. Tras una travesía de ocho días, llega a Tenerife en agosto de 2006, es detenido y comienza un vía crucis de comisarías y centros de internamiento: Fuerteventura, Madrid… Tiene amigos en Bilbao y le pagan el billete hasta aquí. Aunque no consigue un pasaporte hasta febrero de este año, no se da por vencido; aprovecha los programas de inserción que le brindan las ONG y recurre a Lan Ekintza para buscar un trabajo digno. Mientras, necesita dinero para comer, y recurre a la venta ambulante de CD y DVD. Pero sus sueños están a punto de verse truncados; aunque fue condenado, junto a su compatriota, a 6 meses de prisión, 900 euros de multa y más de 650 euros de indemnización a la SGAE, un juzgado de Santander sustituyó la pena de prisión por la expulsión.

Su caso no es único; en el Estado hay cerca de un centenar de extranjeros en prisión por vender CD piratas, sin contar los que han sido enviados a centros de internamiento. Pero ha sido todo un revulsivo para que el colectivo de manteros bilbainos se unan para pedir la puesta en libertad de su compañero, el indulto de todos los vendedores ambulantes detenidos y la despenalización de la venta, haciéndola proporcional a su valor social.

El movimiento lo encabeza la plataforma para la defensa de los derechos de las personas inmigrantes Mbolo Moye Doole y a él se ha unido SOS Racismo, Izangai y CEAR Euskadi.

Varios juristas ya han alzado la voz para denunciar la desproporción que existe entre la pena – de seis meses a dos años de cárcel – y la ínfima gravedad de la conducta. Proponen alternativas que eviten el paso por prisión: sanciones administrativas, transformar el delito en falta si la cuantía de lo requisado es inferior a 400 euros, que sólo haya penas de multas… Muchos jueces reconocen que se está penando la subsistencia, la pobreza; que los delitos contra la propiedad siempre recaen sobre los más débiles; que el sistema no es efectivo porque ni siquiera los perjudicados se presentan al juicio… Precisamente ellos, los presuntos perjudicados, músicos y artistas como Raphael, Joaquín Sabina, Bebe, María Dolores Pradera, Alberto San Juan o Willy Toledo firmaron un manifiesto contra el encarcelamiento de los manteros. “Estamos convencidos de que existen otros instrumentos jurídicos menos lesivos para proteger nuestros derechos”, claman. Un clamor que se volverá a escuchar este lunes, frente a los juzgados de Bilbao, para reclamar el indulto de M.K y declarar que Sobrevivir no es delito.