La sentencia condenatoria de los quince integrantes de la sección española del grupo neonazi internacional Hammerskin pone fin a una situación de impunidad que han disfrutado hasta la fecha grupos y organizaciones de este tenor en nuestro país. Aunque todo el mundo conocía la naturaleza de este tipo de organizaciones y el alcance de sus actos en cuanto a promover el odio, la discriminación y la violencia en especial hacia inmigrantes , homosexuales, indigentes o jóvenes antifascistas, disfrutaban de una permisividad inexplicable desde nuestro ordenamiento jurídico. También, la declaración de ilegalidad de este grupo neonazi traslada un mensaje: en la España democrática no es posible este tipo de organizaciones; pertenecer a un grupo que incita al racismo, a la violencia y a la xenofobia merece una sanción penal.

Esto quiso decir el legislador en el Código Penal de la democracia para la Defensa de los Derechos y Libertades Fundamentales de las Personas. Como es bien sabido, en nuestra democracia el derecho de asociación es muy amplio, pero limita con la discriminación, el odio y la violencia. Hay otra enseñanza implícita en este ejercicio de Justicia. Se evidencia que «la denuncia es el camino» frente a quienes plantean que el Estado de Derecho no responde ante el problema neonazi y claman por intervenir sin respeto a la legalidad democrática. La condena que se dio a conocer ayer refuerza la posición de quienes defendemos por principio la legalidad democrática para luchar contra el neofascismo.

La aplicación del Código Penal es una esperanza para personas y colectivos que son víctimas de la intolerancia extrema, ciudadanos que sufren sus zarpazos por el solo motivo de tener un color de piel oscura, un acento extranjero, una orientación sexual diferente, por sus ideas democráticas, por su religión o por cualquier motivo que el nazismo señale, como sucede con los periodistas que también son agredidos. Con esta condena por «asociación ilícita» comienza a hacerse justicia con las víctimas del odio y, junto a éstas, la sociedad democrática defiende su futuro.

Esteban Ibarra es presidente de Movimiento contra la Intolerancia, que ejerció la acción popular en el juicio contra Hammerskin España.