Los centros de reforma para menores que gestiona el Gobierno Vasco cuentan con 62 plazas, de las que, en la actualidad, 54 están ocupadas por jóvenes infractores que cumplen sus penas. El centro de Ibaiondo, en Zumarraga, tiene una capacidad de 34 plazas y la ocupación a día de hoy es de 30 chavales. En Ullibarri (Álava), hay 14 plazas, de las cuales 12 están ocupadas. El centro Miguel Ángel Remírez, en Ortuella (Vizcaya), dispone de siete y hay cubiertas seis. En el de chicas, en Andoiu, están ocupadas seis de las siete plazas existentes.

El viceconsejero de Justicia señaló que hasta el momento no ha sido necesario enviar fuera de la comunidad a ningún menor por falta de plazas. «No hemos tenido problemas para acogerlos. La respuesta de la administración de Justicia como órgano gestor de control del cumplimiento de las medidas es buena».
José Manuel Fínez se refirió a la problemática que se vive en Gipuzkoa y señaló que «si todos antes nos hubiéramos preocupado de la debida atención, seguimiento y programación educativa de estos menores, posiblemente, algunos de ellos no hubieran abandonado el centro de Deba, o cualquier otro». Subrayó que «sobre las instituciones de bienestar social pesa la tutela de estos menores. Todos tendríamos que colaborar en ese sentido».
Fínez dijo que el comportamiento de este grupo «no es un problema de las diputaciones sino de todas las instituciones», por lo que defendió la «optimización» de los recursos, incluso de los económicos. Anunció que no reducirá «un euro» para atender a «nuestros menores. Es la capa más sensible. Habrá que conjugar los intereses de todos. No se trata de pasarnos la pelota, sino de dar una respuesta efectiva en tono educativo».