El Partido Popular presentó ayer una enmienda para devolver al Gobierno el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, con lo que anticipó que votará en contra del texto cuando el pleno del Congreso, posiblemente en septiembre, discuta su admisión a trámite. El rechazo de los populares, unido a las enmiendas a la totalidad presentados también por ERC, IU y el PNV, ha hecho que el Ejecutivo haya renunciado a iniciar la tramitación del proyecto de ley en julio, a través del procedimiento de urgencia. El pleno ya no verá el texto hasta septiembre, con lo que los socialistas podrán iniciar una negociación con otros grupos menos beligerantes, como CiU, Coalición Canaria (CC) o BNG, para evitar que la cámara rechace la reforma gubernamental en su primera votación.
El PP se opone al proyecto porque considera que «consagra el modelo de inmigración masiva». Así lo explicó el portavoz popular Rafael Hernando, quien advirtió que «España no puede seguir soportando la llegada de cientos de miles de inmigrantes cada año pues hace tiempo que nuestro país ha rebasado su capacidad de acogida».
Asunto «estratégico»
El PSOE lamentó «profundamente» que el PP haya optado por la confrontación en un asunto «estratégico», que puede considerarse política de Estado. La diputada Esperanza Esteve, pese a todo, hizo un llamamiento al «consenso» y confió en que al final se logrará un «gran acuerdo» para aprobar una ley «necesaria» y que «será beneficiosa para los inmigrantes que vienen legalmente a vivir y a trabajar y también para el conjunto de los ciudadanos».
El PP ya amenazó el pasado viernes, tras la aprobación por el Consejo de Ministros del borrador de reglamento de Extranjería, con vetar la ley porque atribuye a Cataluña y Andalucía la competencia para autorizar los permisos de trabajo de los extranjeros en su territorio. Hernando lo calificó entonces como una «imprudencia», que «rompe la unidad del mercado laboral español y limita la movilidad geográfica de los inmigrantes».
El PNV también pedirá la devolución del proyecto al Gobierno, pero en su caso el rechazo es porque «no territorializa los fondos de acogida e integración de los inmigrantes e invade las competencias de las comunidades autónomas o diputaciones forales que tienen transferidas las competencias en política de inmigración», según explicó su portavoz Emilio Olabarría. Los nacionalistas vascos se oponen también a que la reagrupación familiar se limite a la familia nuclear y que las autorizaciones de residencia y trabajo se vinculen a la situación de empleo.
Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardá, explicó que su enmienda tiene una finalidad «constructiva», para poner encima de la mesa las cuestiones deficitarias de la ley, por lo que espera que «sirva de punto de partida para empezar a entablar negociaciones con el resto de los grupos».
La que será la cuarta reforma de la Ley de Extranjería, que se iba a admitir a trámite esta misma semana, se pospondrá ahora hasta septiembre. El PP calificó de «tomadura de pelo» por parte del Gobierno declarar una ley de urgencia y a las dos semanas decir que ya no lo es. COLPISA