Lamarca tiene constancia de “menores abandonados a su suerte y deambulando entre diferentes comunidades”

donostia. Un día después de la multitudinaria manifestación que tomó las calles de Errenteria para reclamar mayor seguridad, el Ararteko Iñigo Lamarca, denunció a este periódico el “limbo jurídico” en el que viven menores extranjeros no acompañados, algunos de los cuales están “abandonados a su suerte y deambulando entre diferentes comunidades autónomas”.

Los robos y agresiones en el barrio de Iztieta son una constante desde hace meses, lo que ha provocado la indisimulable indignación del vecindario. Ayer se vivió el enésimo episodio delictivo tras la detención en este misma localidad de dos jóvenes, uno de ellos menor edad y tutelado por la Diputación, por un nuevo hurto. Posteriormente, profirieron amenazas de muerte a los agentes que les arrestaron, según informó la Guardia Municipal de Errenteria.

La policía también tuvo que actuar en el caserío Tobar, ubicado en un Polígono Industrial de la zona, para apagar un colchón ardiendo. Este caserío está abandonado y de él han sido desalojados “en multitud de ocasiones” menores tutelados por el Ejecutivo foral, destacó la policía.

Es el pan nuestro de cada día con el que se despiertan los vecinos. Episodios delictivos que han ido generando un caldo de cultivo que alcanzó su máxima expresión hace una semana, tras el intento de violación protagonizado por un menor, que estuvo en el centro de Deba, donde se acoge a los chavales con graves problemas de conducta.

Este suceso desató la indignación de muchos vecinos que pasaron a concentrarse ante tiendas y locutorios regentados por inmigrantes para protestar contra el auge de la delincuencia y la inseguridad, lo que desembocó en situaciones de acoso a magrebíes que están plenamente integrados en la localidad y nada tienen que ver con lo ocurrido. “Está injustificado; no es entendible ni admisible que se estigmatice al colectivo magrebí”, expresó ayer Lamarca. “Que pague por lo que ha hecho, pero no culpen al resto”, declaró Rachid El Fadili, presidente de la Asociación Almagherebia – Tierra del Magreb, que se concentró ayer por la tarde en Errenteria para reclamar una convivencia en paz.

El menor al que se le imputan esos hechos, sin embargo, actualmente no estaba bajo tutela de la Diputación. El presunto agresor fue detenido y el juez ha dictado una medida cautelar de ingreso en el Centro Educativo de Menores Ibaiondo, en Zumarraga.

“con toda firmeza” Para evitar que sigan produciéndose hechos de esta naturaleza, Lamarca reclamó que se aplique la ley “con toda firmeza”, pero hizo un llamamiento con la misma intensidad a todas las instituciones competentes en la materia – “no sólo a la Diputación” – para que den una “respuesta adecuada” ante quienes de manera reiterada cometen delitos.

En el mismo sentido, se mostró preocupado por la “absoluta desprotección” con la que, en ocasiones, deambulan “a su suerte” menores, algunos de ellos acogidos en el centro de Deba, fuente inagotable de controversia desde que fue inaugurado. El Ararteko ha abierto un expediente para conocer con detalle el funcionamiento de este inmueble. El menor arrestado por el intento de agresión sexual había causado “baja voluntaria” en él, según han confirmado a esta institución fuentes de la Diputación. A partir de ese momento, el Ejecutivo foral cesó su tutela.

Lamarca, que participaba en uno de los Cursos de Verano sobre menores organizados por la UPV, reconoció ayer a este periódico que “sería interesante, e incluso conveniente” conocer el recorrido que ha vivido este chaval y cuál es la situación en la que se encontraba actualmente.

Fuentes policiales consultadas por este periódico confirman que el arrestado, A.B., de 14 años, es “un viejo conocido” de los agentes que habitualmente patrullan las calles de la Parte Vieja de Donostia por los continuos altercados que protagonizaba.

Los vecinos del barrio de Iztieta expresan su sorpresa por la gran movilidad que han mostrado en los últimos meses algunos menores que recalaban por unos días en Errenteria, pero que al poco tiempo les dejaban de ver.

Tanto la legislación internacional como la local establecen que el menor debe ser tutelado pero, del mismo modo, da pie a una situación “un tanto paradójica”, al concederle libertad de circulación sin que nadie pueda impedírselo, si así lo desea. “En cualquier caso – apuntó Lamarca – sería preciso investigar hasta qué punto es voluntaria la declaración de cese y, en todo caso, eso no debería suponer nunca su desatención”.

El abogado Mikel Mazkiaran, integrante de SOS Racismo, aclaró que “el cese de la guarda para un menor está regulado”, y “sus supuestos recogidos” en el Código Civil o, en su caso, en la Ley Vasca de Protección del Menor. Pero precisó del mismo modo que “hay que diferenciar entre guarda y tutela”, ya que “si un menor se fuga de un centro y sus responsables no pueden atenderle, cesa a partir de ahí la guarda, pero nunca la tutela”, opinó el letrado .

el acoso a magrebíes Un día después de la manifestación pacífica secundada por medio millar de vecinos del barrio de Iztieta, lejos de la tensión vivida esta semana, asociaciones feministas, colectivos de inmigrantes, sindicatos como ELA, LAB, CCOO y ESK, Cáritas y SOS Racismo expresaron ayer su gran pesar por el ambiente de crispación que se viene registrando en el barrio, especialmente, por el “acoso” al colectivo magrebí.

Estas agrupaciones difundieron un comunicado en el que dicen estar “muy preocupados” por las consignas contra el colectivo magrebí que se han gritado en las concentraciones de los últimos días, en una “clara actitud de acoso e intimidación”.

Los firmantes defienden que “los problemas reales que tiene el barrio de Iztieta afectan a toda la vecindad por igual”, por lo que apuestan por la “colaboración entre toda la comunidad” y la aplicación de políticas sociales y de la normativa legal para solucionar la espinosa situación que se ha planteado.

Los vecinos insisten en que no se trata de un problema de racismo, sino de inseguridad. Para aunar posturas, ya han comenzado a darse los primeros pasos. Errenteria contará con un servicio de mediación para tender puentes entre ambas partes. Del mismo modo, se va a crear una mesa de trabajo entre las partes en conflicto con el fin de recuperar la convivencia ahora deteriorada.

Al menos, así lo avanzó ayer el alcalde en funciones de Errenteria, Joaquín Acosta (PSE – EE) que ofreció junto con todos los portavoces de los grupos municipales una rueda de prensa en la que detallaron las medidas que se barajan para que la normalidad vuelva a ser la nota dominante en el municipio.

El Consistorio mantuvo una reunión el pasado miércoles con la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco, en la que se acordó establecer este sistema de resolución de conflictos, a través del cual mediadores cualificados buscarán puntos de encuentro en una mesa de trabajo. El Ayuntamiento ha decidido no participar en este proceso, en aras de una mayor discreción, pero estará informado de sus avances en todo momento.

Los vecinos, por su parte, han anunciado que no van a convocar más manifestaciones y se han dado un plazo de dos meses para comprobar los resultados de esta nueva mesa de trabajo.