Los al menos 140 muertos y 800 heridos registrados en la región de Xinjiang, foco de las tensiones entre las autoridades chinas y la minoría musulmana uigur, constituye un balance tan desmedido y dramático que interpela al Gobierno de Pekín sobre el modo en que ha contenido la protesta de la etnia separatista. Tanto si los incidentes se iniciaron por una respuesta indiscriminada de las fuerzas chinas, como si se produjeron graves disturbios como sostiene la versión oficial, el sangriento resultado, la oleada de detenciones y las nuevas restricciones impuestas al uso de Internet sugieren la aplicación de brutales métodos represivos, que recuerdan precedentes trágicos como la matanza de Tiananmen o, más recientemente, la intervención en Tíbet; represión que no se justificaría ni en el supuesto de que fuera destinada a combatir los elementos terroristas acreditados entre la población uigur. La voluntad de apaciguamiento de la comunidad internacional hacia el gigante chino no puede llevar a la primera a desentenderse ante esta nueva sospecha de vulneración de los derechos humanos más elementales.