La inmigración ilegal se ha convertido en delito en Italia después de que el Senado diera ayer el sí final al proyecto de ley sobre seguridad que incluye, además, el establecimiento de rondas ciudadanas y amplía el período de retención de los indocumentados. Con la aprobación de la Cámara alta, por 157 votos a favor, 124 en contra y 3 abstenciones, el texto pasa a convertirse en ley e introduce nuevas medidas en distintos ámbitos. La legislación, pese a la controversia desatada en los últimos meses, recibe la luz verde sensiblemente descafeinada con respecto a las propuestas iniciales del Gobierno Berlusconi.

El texto tipifica por primera vez la inmigración clandestina como delito, que no conllevará penas de cárcel, pero los ‘ilegales’ podrán ser multados con cantidades que oscilarán entre 5.000 y 10.000 euros. La norma establece para los funcionarios públicos la obligación de denunciar a los indocumentados, aunque médicos y directores de centros educativos han quedado exentos.

La nueva ley amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los ‘sin papeles’, que hasta ahora era de sesenta días, y se fija la necesidad de estar en posesión de documentos en regla para poder acceder a las oficinas públicas.