Duras críticas del Vaticano, la oposición y los intelectuales Roma

Después de un año dando vueltas y más vueltas por las dos cámaras del Parlamento italiano, la polémica ley de inmigración del Ejecutivo de Silvio Berlusconi ya es realidad. El texto final – que, entre otras cosas, convierte en delincuentes a los inmigrantes clandestinos – fue aprobado definitivamente ayer por el Senado, gracias a la fuerte mayoría de la que disfruta el Gobierno de Il Cavaliere. Entre las protestas airadas de la oposición, las duras críticas del Vaticano y el estupor de numerosos intelectuales.

«La nueva ley provocará muchos dolores y dificultades» a los inmigrantes, advertía por ejemplo Agostino Marchetto, secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes. «Esta ley tendrá la misma eficacia que un puñetazo en la mesa», denunciaba Anna Finochiaro, portavoz en el Senado del Partido Demócrata. Y un grupo de intelectuales italianos, encabezado por los escritores Andrea Camillero, Antonio Tabucchi y Dario Fo, lanzaban un llamamiento contra «unas normas discriminatorias contra los inmigrantes como no se veían en Europa desde los tiempos de las leyes raciales».

Berlusconi hacía una encendida defensa de esa nueva ley. «El Estado podrá garantizar mejor la seguridad de sus ciudadanos», subrayaba, asegurando desconocer las críticas del Vaticano al texto, cuyos aspectos más polémicos son los siguientes:

DELITO DE CLANDESTINIDAD: Los inmigrantes sin papeles no irán a las ya de por sí atiborradas cárceles italianas; serán castigados con multas de entre 5.000 y 10.000 euros y la expulsión por la vía rápida.

IMPUESTO DE RESIDENCIA: Los inmigrantes legales tendrán que pagar una especie de tasa para obtener o renovar el permiso de residencia, que variará entre 80 euros mínimo y 200 euros máximo.

SEIS MESES ENCERRADOS: Los inmigrantes podrán permanecer hasta seis meses en los centros de identificación y expulsión, en lugar de los 60 días actuales.

PRISIÓN POR ALOJARLES: Quien alquile casas a inmigrantes o se las ceda sin papeles será castigado con hasta tres años de cárcel.

RONDAS CIUDADANAS: Los alcaldes, previo acuerdo con los delegados del Gobierno, podrán autorizar a asociaciones de ciudadanos no armados a colaborar con las fuerzas de seguridad a la hora de hacer frente a sucesos que puedan acarrear un menoscabo de la seguridad urbana o situaciones de malestar social.

TRABAJADORES ESPÍA: Los empleados de las oficinas que se dedican a hacer transferencias de dinero están obligados a denunciar en un plazo de 12 horas a los inmigrantes ilegales que acudan a sus negocios. Si no, podrían cerrarles la actividad.