Pocas leyes han sufrido tantas modificaciones en tan corto periodo de tiempo. El Consejo de Ministros aprobó ayer a cuarta ley de Extranjería en nueve años para adaptar los derechos de los inmigrantes al ordenamiento nacional y europeo, y dar más garantías a los expatriados en situación irregular. El Gobierno ya la ha mandado al Parlamento para su tramitación por la vía de urgencia.

La nueva ley matiza buena parte de los aspectos restrictivos que habían sido criticados por organizaciones sociales, jueces e instituciones en su fase de estudio. Desde el Gobierno consideran que la reforma es «equilibrada y garantista» y confían en que contará con un gran consenso, por lo que podría ser sancionada antes de que acabe el año.
Entre las novedades principales destacan que el periodo máximo de confinamiento para los inmigrantes que vayan a ser expulsados aumenta de 40 a 60 días. Las ONG podrán supervisar los centros de reclusión y se acota la posibilidad de suspender el plazo de internamiento por otro tasado en los supuestos de solicitud de asilo o habeascorpus, un recurso jurídico de todo individuo en caso de arresto o detenciones arbitrarias.
Reagrupación
Respecto a la reagrupación familiar, limita la llegada de los ascendientes (abuelos), de modo que sólo podrán venir los mayores de 65 años y siempre que su familia lleve más de cinco años de residencia. La reagrupación será más rigurosa en la comprobación de las condiciones económicas y de la vivienda del reagrupante. Asimismo, los discapacitados tendrán más facilidades.
En relación que la repatriación tutelada, los menores de edad podrán ser escuchados antes de ser repatriados a su país de origen. Se celebrará una audiencia del menor en estos procesos y los mayores de 16 años podrán intervenir en los procesos. La nueva ley no castigará a las ONG o particulares que presten asistencia humanitaria a los inmigrantes sin papeles.
En relación con la violencia de género, favorece a las mujeres extranjeras que hayan sufrido maltrato y que estén en situación irregular, ya que podrán denunciar sin temor a que vayan a ser expulsadas de inmediato. Pueden obtener un autorización provisional de trabajo para desvinculares económicamente del agresor.