LA nueva reforma de la Ley de Inmigración, la cuarta que se llevará al Congreso en apenas ocho años, ha sido presentada por María Teresa Fernández de la Vega como una norma “equilibrada y garantista” derivada de la necesaria trasposición al Estado español de las leyes europeas y de la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La explicación de la reforma, sin embargo, no oculta que en el fondo, como en el caso de los anteriores cambios que se han efectuado desde la aprobación de la Ley de Extranjería en enero de 2000, se encuentra el problema del Estado para poner coto a la inmigración ilegal. Sobre todo tras comprobar que los medios dispuestos con profusión sólo han reducido la afluencia de ilegales de forma limitada, incluso en época de crisis como la actual. Curiosamente, la nueva Ley de Inmigración salió del Consejo de Ministros apenas horas después de que el Congreso aprobara la nueva Ley de Asilo, que regula este derecho y la protección de los refugiados, cuando tanto la ONU como otros organismos internacionales ya consideran los flujos de la inmigración sobre todo los provenientes de África y Asia como pertenecientes a una nueva categoría de refugiados obligados por las consecuencias del cambio climático y cuando, además, buena parte de los inmigrantes ilegales que llegan de África lo hacen huyendo de numerosos conflictos bélicos o raciales. Ello hace que la línea divisoria entre el inmigrante ilegal y el refugiado con derecho de asilo se convierta en un trazo apenas perceptible que no tiene, sin embargo, la necesaria precisión en ambas leyes, lo que dificulta sobremanera que la lucha contra la inmigración irregular no menoscabe las políticas de acogida y atención humanitaria. De hecho, lo que sí hace la nueva Ley de Inmigración o Extranjería, quizás llevada por un cierto matiz populista ante el cambio que la recesión ha producido en la percepción social de la inmigración, es aumentar la lucha contra los mal denominados irregulares , prolongar el periodo de internamiento antes de la expulsión y dificultar tanto su reagrupación familiar como su acceso a una vivienda. Las propias asociaciones de inmigrantes consideran la nueva ley un “recorte” de derechos acorde con el giro efectuado en la materia por el Ejecutivo de Zapatero en esta segunda legislatura.