Cuando Italia anunció la expulsión de miles de gitanos rumanos y señaló como posible destino España, desde la secretaría para la Immigració de la Generalitat se decidió coordinar los servicios sociales y policiales para evitar problemas. La alarma resultó infundada y no hubo nuevas llegadas. Pero sirvió para establecer un protocolo, a punto de ser aprobado, que dice cómo actuar ante nuevos asentamientos.

En Catalunya, donde existe una comunidad gitana muy integrada, no ha habido graves conflictos con los gitanos rumanos, y el número de recién llegados ha sido escaso. Se habló de 1.100, concentrados la mayoría en Barcelona y municipios de su periferia norte. En algún momento, surgieron problemas aislados de convivencia y en las calles de Barcelona se percibió la presencia de la mendicidad y de grupos de niños que cometían pequeños delitos. Esto llevó al Departament d´Acció Social en octubre del 2005 a anunciar un expediente administrativo a 25 familias encaminado a retirarles la patria potestad de sus hijos. La amenaza surtió efecto y el problema desapareció.