Los inmigrantes de Bangladesh que desde finales de 2005 residen en el CETI de Melilla se preguntan por qué el aumento de los plazos dictados por ley para revocar las órdenes de expulsión que pesan sobre ellos les afecta con carácter retroactivo.

Sostienen que, cuando llegaron, bastaba con permanecer tres años en España para conseguir los papeles. Tras modificarse la ley, el plazo se amplió a cinco años afectando, no sólo a quienes llegaran a España de forma ilegal a partir de ese momento, sino también a quienes ya estaban en el país.

Los bengalíes consideran injusta la situación que están viviendo porque, al margen de la incertidumbre que sufren por no saber en qué momento serán expulsados, crece su desesperanza y su frustración. Muchos de ellos tienen la sensación de estar persiguiendo un sueño que se aleja conforme avanzan hacia él.

Sea como fuere, todos ellos son conscientes de que la solución a sus problemas está en manos del delegado del Gobierno. A Gregorio Escobar le piden que haga cuento pueda por regularizarlos y ofrecerles la posibilidad de empezar una nueva vida lejos de las catástrofes naturales, los gobiernos inestables y la miseria. Además, la mayoría de ellos contrajo deudas en su país de origen para pagar un costoso y duro viaje hacia Europa. Ahora, las familias esperan en Bangladesh que llegue algo de dinero para hacer frente a acreedores que se han quedado ya con lo poco que tenían para vivir.

De nuevo ayer volvieron a concentrarse de forma silenciosa en la Plaza Menéndez Pelayo para recordar a las autoridades que siguen ahí después de casi cuatro años de espera.