>El proyecto de la cuarta reforma de la Ley de Extranjería en ocho años, pese a ser calificado de “garantista” por el Gobierno, aviva la lucha contra la inmigración ilegal y no traza en la práctica la línea entre ésta y el derecho de asilo.

>LA nueva reforma de la Ley de Inmigración, la cuarta que se llevará al Congreso en apenas ocho años y que no en vano recibe el nombre de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica, fue presentada ayer por María Teresa Fernández de la Vega como una norma “equilibrada y garantista” derivada de la necesaria trasposición al Estado español de las leyes europeas y de la aplicación de la jurisprudencia dictada al respecto por el Tribunal Constitucional. La explicación de la reforma, sin embargo, no oculta que en el fondo, como en el caso de los anteriores cambios que se han efectuado desde la aprobación de la Ley de Extranjería en enero de 2000, y sea cual sea la ideología en el Gobierno, se encuentra el problema del Estado para poner coto a la inmigración ilegal. Sobre todo tras comprobar que los medios diplomáticos, policiales y económicos dispuestos con profusión hasta la fecha sólo han reducido la afluencia de ilegales de forma muy limitada y que ni tan siquiera los acuciantes efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo han pasado de minorar porcentualmente el flujo migratorio hacia el Estado español. Curiosamente, la nueva Ley de Inmigración sale del Consejo de Ministros apenas horas después de que el Congreso aprobara la nueva Ley de Asilo, que regula este derecho y la protección de los refugiados, cuando tanto la ONU como otros organismos internacionales ya han comenzado a considerar los flujos de la inmigración – sobre todo los provenientes de África y Asia – como pertenecientes a una nueva categoría de refugiados obligados por las consecuencias del cambio climático y cuando buena parte de los inmigrantes ilegales que llegan de África lo hacen huyendo bien de los numerosos conflictos bélicos o raciales que sufre el continente negro, bien de las consecuencias directas de éstos. Ello hace que la línea divisoria entre el inmigrante ilegal y el refugiado con derecho de asilo se convierta en un trazo apenas perceptible que no tiene, sin embargo, la necesaria precisión en ambas leyes, lo que dificulta sobremanera que la lucha contra la inmigración irregular no incida en la práctica, dificultándolas, en las políticas de acogida y atención humanitaria. De hecho, lo que sí hace la nueva Ley de Inmigración o Extranjería, quizás llevada por un cierto matiz populista ante el cambio que la crisis económica ha producido en la percepción social de la inmigración, es aumentar la lucha contra los denominados irregulares, prolongar el periodo de internamiento antes de la expulsión y dificultar la reagrupación familiar de los inmigrantes y su acceso a una vivienda. Las propias asociaciones de inmigrantes consideran la nueva ley un “recorte” de derechos acorde con el giro efectuado en la materia por el Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero en esta segunda legislatura.