madrid. El Gobierno aprobó ayer un proyecto de Ley de Extranjería que castiga a quien incita y apoya la inmigración ilegal, pero no al “acogimiento humanitario”, y que también amplía el plazo de internamiento a 60 días y garantiza el apoyo de las ONG.

Así lo aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien apuntó que con este nuevo texto se pretende “pasar de una ley de extranjería a una de inmigración”.

El proyecto de Ley, cuyo nombre oficial es Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, será enviado al Congreso para su tramitación parlamentaria.

El texto, que incorpora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y transpone las directivas europeas, es “equilibrado y garantista”, aseguró De la Vega.

Con esta reforma, el Gobierno confía lograr una inmigración “legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanos”, para lo que ha “apostado por el consenso, el rigor y la eficacia”.

Así, la vicepresidenta destacó que el proyecto de ley “perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo”, aumenta la lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes mediante iniciativas educativas.

También se reforma el sistema de la agrupación familiar, aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 o “existan casos humanitarios” y posibilitando la de la parejas de hecho.

confianza De la Vega expresó su confianza en que “todos los grupos políticos busquen, desde la responsabilidad, el consenso que necesita esta ley” y aseguró que el Ejecutivo por su parte mantiene “el espíritu de diálogo” con que se ha abordado la reforma.

Así, la vicepresidenta recordó que el texto incorpora las aportaciones de organismos como el Consejo Económico Social, la Conferencia Sectorial de Inmigración, la Comisión Interministerial de Extranjería o el Foro de Integración Social de los Inmigrantes.

Entre las novedades, cabe destacar que la nueva ley persigue la promoción de la inmigración irregular pero deja “fuera de toda duda” que no se va a perseguir la acogida humanitaria.

El texto también mejora las garantías en los procedimientos de expulsión, introduciendo el principio de proporcionalidad para graduar las propuestas de sanción.

Además, se acotan las posibilidades de suspensión del plazo de internamiento a los supuestos de solicitud de asilo o hábeas corpus , por un tiempo tasado y se establecen los plazos máximos de suspensión.

En cuanto a los menores no acompañados, el texto prevé la celebración de una audiencia del menor en los procesos de repatriación.

Asimismo, el proyecto contempla una serie de mejoras en la lucha contra la inmigración irregular que persiguen profundizar en los instrumentos preventivos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación y la mejora de las garantías en las distintas situaciones.

Así, está prevista la creación de un registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.

Además, las órdenes de expulsión podrán conceder un plazo entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España, y se impondrán plazos de prohibición de entrada de un máximo de 5 años.

reacciones Por su parte, el Partido Popular y CiU han calificado de “insuficiente” el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, por considerar que no da respuesta a los retos de la inmigración ilegal, y confían en modificarla a su paso por el Congreso.

UGT también expresó su confianza en que el trámite parlamentario sirva para “corregir carencias” del proyecto de ley, que considera demasiado restrictivo en cuanto a los derechos de los inmigrantes.

El portavoz de Inmigración del Grupo Popular, Rafael Hernando, dijo que el proyecto es “insuficiente y de poco calado”. A su juicio, el texto no refuerza los mecanismos de lucha contra la inmigración ilegal al no prohibir las regularizaciones masivas y permitir “que continúe el descontrol y el desorden”.

Para el portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), Carles Campuzano, la reforma es “insuficiente” y no da respuesta a los retos de la inmigración.

Por su parte, UGT cuestionó aspectos como la limitación del acceso a las ayudas en materia de vivienda o la nueva regulación en el proyecto de reagrupación familiar. >efe