Pocas leyes han sufrido tantas modificaciones en tan corto período de tiempo. El Consejo de Ministros aprobó ayer la cuarta ley de extranjería en nueve años para adaptar los derechos de los inmigrantes al ordenamiento nacional y europeo, y dar más garantías a los expatriados en situación irregular, aunque endurece el reagrupamiento familiar. La reforma será tramitada por vía de urgencia.

La nueva ley matiza buena parte de los aspectos restrictivos que habían sido criticados por organizaciones sociales, jueces e instituciones en su fase de estudio. Desde el Gobierno consideran que la reforma es «equilibrada y garantista» y confían en que contará con un gran consenso, por lo que podría ser sancionada antes de que acabe el año.

Entres las principales novedades figuran la elevación del período máximo de confinamiento para los inmigrantes que vayan a ser expulsados de 40 a 60 días. Las oenegés podrán supervisar los centros de reclusión y se acota la posibilidad de suspender el plazo de internamiento por otro tasado en los supuestos de solicitud de asilo o hábeas corpus, un recurso jurídico de todo individuo en caso de arresto o detenciones arbitrarias.

En lo que se refiere al reagrupamiento familiar, se limita la llegada de los ascendientes, de modo que solo podrán venir los mayores de 65 años y siempre que su familia lleve más de cinco años de residencia. El control será más riguroso en la comprobación de las condiciones económicas del reagrupante.

Los menores de edad podrán ser escuchados antes de ser repatriados a su país de origen. Se celebrará una audiencia del menor en estos procesos y los mayores de 16 años podrán intervenir en los procesos.

En los casos de acogimiento humanitario, no se castigará a las oenegés o particulares que presten asistencia humanitaria a los inmigrantes sin papeles, pero sí a quienes propicien la inmigración ilegal.