La norma aprobada por el Gobierno da más garantías en el proceso de repatriación Madrid

Se acabaron los tiempos, no muy lejanos, en los que una sin papeles iba a la comisaría a contar que había sido violada y salía de allí con una orden de expulsión bajo el brazo y el corazón encogido. El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros una reforma de la Ley de Extranjería que garantizará a las inmigrantes que denuncien malos tratos que se les suspenderá el procedimiento sancionador por estancia irregular. No se las multará ni se las repatriará, al menos mientras duren las actuaciones judiciales.

Además, tendrán papeles para que puedan desvincularse económicamente de su agresor. El objetivo es ayudarlas a vencer ese miedo a la policía que les cuesta la vida: el año pasado, casi la mitad de las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas era de origen extranjero.

Hasta ahora, cuando una mujer maltratada y en situación irregular acudía a las Fuerzas de Seguridad, se le ponía por lo menos una multa. Casi nadie se atrevía a denunciar, y más después de que este periódico informara en 2005 de la existencia de un formulario que evidenciaba que la Policía tenía órdenes oficiales de repatriar a las sin papeles víctimas de violencia de género.

Las reiteradas denuncias de las ONG obligaron al Ministerio del Interior a emitir una circular interna que anulaba la instrucción anterior. Pero hacía falta que en la legislación se dejara claro todo esto.

La medida – que no aparecía en el anteproyecto de ley que a finales del año pasado valoró el Consejo de Ministros – es una de las modificaciones «más relevantes», según el Gobierno, del proyecto de Ley de Extranjería. El cambio se hace a instancias del Ministerio de Igualdad y con el visto bueno de todos los departamentos, aunque fuentes consultadas por este periódico no ocultan su preocupación por que haya quien recurra a la picaresca y realice una denuncia falsa con el fin de conseguir la regularización.

En este sentido, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo ayer a EL MUNDO que, «para que el elemento de protección prevalezca en el tiempo, una simple denuncia no servirá».

En el momento en que la mujer maltratada señale al agresor, el expediente administrativo sancionador incoado será suspendido, pero sólo mientras duren las actuaciones que puedan concluir con una declaración de víctima. Para que el estatus se mantenga, explicó Corbacho, hará falta un informe del fiscal en el que se constate la existencia de indicios de violencia de género o una orden de protección. El Gobierno no quiere que ésta se convierta en una vía fraudulenta de acceso a la regularización.

La ley también contemplará la posibilidad de conceder a la víctima una autorización provisional de trabajo, en situación de estancia, por si el procedimiento penal se prolonga. Esta autorización estará en vigor hasta que se decida si se expide o no un permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. Hasta ahora, sólo se daban los papeles cuando había sentencia firme.

La nueva norma, que fue remitida ayer mismo al Congreso para que se inicie su tramitación parlamentaria, también dará «protección especial», en palabras del ministro, a los inmigrantes que hayan sido víctimas, perjudicados o testigos de las mafias, las redes de prostitución o la trata de seres humanos. Si denuncian, quedarán exentos de responsabilidad administrativa y no serán expulsados, pero el Estado, además, velará por su subsistencia y su seguridad.

Asimismo, la ley otorgará más garantías a los indocumentados durante los procesos de repatriación. Sólo se recurrirá a este extremo cuando exista una resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción y atendiendo al principio de proporcionalidad. Esta medida tampoco figuraba en el primer borrador que ha manejado el Gobierno y supone, en la práctica, dificultar las expulsiones.

Las reacciones

>Los partidos. El PP, CiU, PNV, CC y ERC consideraron ayer que el proyecto de ley tiene «importantes carencias».

>Los afectados. Los inmigrantes siguieron considerando que la ley «recorta derechos», según denunciaron Rumiñahui y la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España (Ferine).

>Las CCAA. El consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández – Lasquetty (PP), reprochó al Gobierno que no haya elaborado la norma «con el consenso» de las comunidades autónomas.

>Los sindicatos. UGT confió en que «algunos aspectos» de la ley «sean corregidos» durante su tramitación parlamentaria.