Los ascendientes menores de 65 años podrán reagruparse y no se castigará a las ONG Madrid

Desde que, en junio del año pasado, el Gobierno inició oficialmente la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería – la cuarta que se realiza desde 2000 – , el texto ha sido objeto de numerosas críticas por parte de colectivos sociales, agrupaciones de extranjeros, partidos políticos e instituciones. Esta norma es más dura que las anteriores porque se ha redactado teniendo en cuenta la coyuntura económica y la férrea política migratoria que se sigue en la UE.

No obstante, el Ejecutivo ha tenido en cuenta las recomendaciones de distintos organismos. Muchas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y menos del Consejo de Estado, que anteayer emitió un informe con sugerencias más relacionadas con cuestiones de precisión jurídica que con principios sustanciales. Al final, el Gobierno ha terminado matizando o suavizando las medidas más controvertidas:

- REAGRUPACIÓN HUMANITARIA. El Gobierno quería restringir la reagrupación familiar al núcleo más básico (cónyuge e hijos) y, así, propuso que los inmigrantes sólo pudieran traer a sus padres si éstos tenían más de 65 años, y siempre y cuando los reagrupantes llevaran cinco años residiendo en España (antes con un año bastaba). Todo el mundo se quejó. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un matrimonio colombiano que tuviera la urgente necesidad de venir a nuestro país para vivir con su hijo único y la madre tuviera 64? ¿Quién iba a atender a esta mujer? ¿Se iba a separar la familia? El proyecto de ley al que el Ejecutivo dio luz verde ayer incluye ahora la posibilidad de reagrupar «por circunstancias de carácter humanitario» a los ascendientes menores de 65 años. También se ha cambiado el texto para que los inmigrantes puedan traer a familiares discapacitados. Y otra novedad: hasta ahora, el reagrupante debía acreditar que disponía de determinados ingresos económicos para mantener a sus parientes, pero, para hacerlo más fácil, la reforma introduce la posibilidad de que se tenga en cuenta el dinero de toda la familia. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo a EL MUNDO que todo lo referente a la reagrupación se desarrollará en un reglamento.

- ‘DELITO DE HOSPITALIDAD’. Se ha matizado el artículo que consideraba una infracción grave (con multas de hasta 10.000 euros) «promover la permanencia irregular en España de un extranjero», algo que, en la práctica, condenaba a las ONG que trabajan con inmigrantes. Ahora se mantiene la persecución a quienes, consciente o voluntariamente, provocan la entrada de un extranjero como turista y luego sostienen su situación irregular una vez transcurrido el periodo legal de estancia. «No se va a sancionar a ninguna entidad que realice acogimiento humanitario», sostuvo el ministro. Pero se sigue penalizando al que empadrone ficticiamente a un inmigrante en su casa para que éste pueda acceder a determinados derechos, como la educación o la atención sanitaria. Las personas o colectivos que recurran a esta práctica frecuente seguirán marcados por el conocido como delito de hospitalidad.

- 60 DÍAS DE RETENCIÓN. Se mantiene la cuestionada ampliación de 40 a 60 días del tiempo máximo que los sin papeles pueden permanecer en los centros de internamiento mientras se tramita la expulsión. Pero en el anteproyecto de ley se recogían algunas excepciones que permitían prorrogar ese plazo sine die: cuando se solicita asilo o habeas corpus, en caso de enfermedad del inmigrante o por otras circunstancias no imputables a la Administración. Los órganos de consulta criticaron este redactado. Finalmente, la suspensión del plazo de internamiento se circunscribirá a los dos primeros supuestos, de tal forma que pueda extenderse por un máximo de 15 días (14 por el asilo y uno por el habeas corpus).

- MENORES REPATRIADOS. Al Gobierno se le olvidó incluir en el anterior borrador el derecho de los menores a ser oídos antes de ser repatriados, en cumplimiento de lo establecido por el Tribunal Constitucional. En el nuevo texto se recoge.

- ABOGADO GRATIS. Los inmigrantes tienen derecho a asistencia jurídica gratuita. Pero, en los procesos contencioso – administrativos, el anteproyecto decía que debían realizar una solicitud específica y dejar constancia expresa de su voluntad de interponer el recurso. Los juristas criticaron esta formalidad, que, sin embargo, sigue en el actual redactado.

- VIVIENDA. También se mantiene el artículo que dice que sólo los residentes de larga duración tienen derecho a los sistemas públicos de ayudas a la vivienda en las mismas condiciones que los españoles. Y eso que los sindicatos y otros colectivos consideraban justo que estos beneficios se dieran también a los recién llegados.

- GUIÑO A LAS ONG. Los movimientos sociales estaban preocupados porque se les había excluido del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Ahora se rectifica este punto y, además, se incorpora la posibilidad de que puedan entrar en los centros de internamiento, tal y como han reclamado muchas veces.

El Consejo de Ministros remitió ayer al Congreso el nuevo texto y pidió que se tramite de urgencia. La idea es que las enmiendas propuestas por los grupos se recojan antes de las vacaciones y los trabajos parlamentarios puedan iniciarse en septiembre, una vez reanudado el periodo de sesiones. Corbacho quiere tener la ley lista antes de que finalice el año.

elmundo.es

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