El Congreso aprobó ayer una nueva Ley de Asilo que establece un proceso más garantista y que refuerza la protección a las mujeres , niños, discapacitados y homosexuales, pero que deja fuera a los ciudadanos de la Unión Europa.

El texto de la nueva Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que fue pactado por PSOE, PP y CiU, recupera la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados, y garantiza la presencia de ACNUR en todas las etapas del proceso de solicitud.

Todos los grupos coincidieron en destacar que la nueva ley mejora las garantías y el procedimiento, acorta los plazos de concesión del asilo, garantiza la confidencialidad del todo el proceso e incorpora las cuestiones de género e identidad y orientación sexual como motivos para solicitar asilo.

Además, desaparece el procedimiento abreviado y se detalla un procedimiento “de urgencia” que cuenta “con las mismas garantías” que el ordinario, incluida la posibilidad de que ACNUR presente un segundo informe en los casos en que se deniegue la petición de asilo.

No obstante, ERC, IU-ICV y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los refugiados han cuestionado el que la Ley niegue el derecho de los ciudadanos europeos comunitarios a pedir asilo en España, “como si en la UE fuera inconcebible que haya personas perseguidas por su raza o su orientación sexual”, subrayó el diputado de ERC Joan Tardá.

También el PNV criticó este punto por considerar que la Unión Europea está formada por veintisiete países cuyos ordenamientos jurídicos no son igual de garantistas ni defienden con el mismo celo los derechos de los ciudadanos, argumentó Emilio Olabarría.

Por su parte, los portavoces socialista, popular y de CiU Juan Moscoso, Gonzalo Robles y Mercé Pigem subrayaron las mejoras introducidas en el texto como la posibilidad de llevar a cabo una revisión de las solicitudes denegadas, el procedimiento de urgencia o el permiso de trabajo y reagrupación familiar.

A peser de su colaboración con los diputados, la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional (AI) no se han dado por satisfechos con esta nuevanorma, como demuestra una carta que han enviado a todos los grupos parlamentarios en la que les piden que no desaprovechen la “oportunidad de mostrar su compromiso real y efectivo con el derecho de asilo, en particular, y con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos”.

De esta forma, estas organizaciones no gubernamentales criticaron que la nueva ley aprobada ayer “convierta el asilo en una víctima de las políticas comunitarias obsesionadas con el cierre de fronteras”.

En concreto, CEAR y AI lamentaron la exclusión del derecho a solicitar asilo de los ciudadanos europeos comunitarios o el aumento de las causas de exclusión de este derecho con “fórmulas jurídicamente imprecisas” y la ampliación de plazos de detención en las fronteras.

Después de la defensa de los diferentes portavoces, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, agradeció a todos su “buen trabajo” y reconoció que el texto reformado “es mejor que el texto que propuso el Gobierno y nos sentimos satisfechos”, pero no mencionó las críticas vertidas por las organizaciones no gubernamentales.