El Congreso aprobó ayer, con los votos a favor todos los grupos políticos a excepción de IU – ICV – ERC, una nueva Ley de Asilo que establece un proceso más garantista y refuerza la protección de mujeres, niños, discapacitados y homosexuales, pero deja fuera a los ciudadanos de la Unión Europa. La normativa llegará al Senado cuando se reanude el periodo de sesiones tras las vacaciones de verano y será aprobada, previsiblemente, antes de que acabe el año.

El texto, que ha sido pactado por PSOE, PP y CiU, recupera la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados, y garantiza la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en todas las etapas del proceso de solicitud. Los partidos coincidieron en destacar que la nueva ley mejora las garantías y el procedimiento, acorta los plazos, garantiza la confidencialidad e incorpora las cuestiones de género e identidad y orientación sexual como motivos para solicitar asilo. Además, desaparece el procedimiento abreviado y se detalla un procedimiento de urgencia, que cuenta con las mismas garantías que el ordinario, incluida la posibilidad de presentar un segundo informe en los casos en que se deniegue la petición.

Críticas

ERC, IU – ICV y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los refugiados han cuestionado que la ley niegue el derecho de los ciudadanos europeos comunitarios a pedir asilo, «como si en la UE fuera inconcebible que haya personas perseguidas por su raza o su orientación sexual», subrayó el diputado de ERC Joan Tardá. También el PNV criticó este punto por considerar que la UE está formada por 27 países cuyos ordenamientos jurídicos no son igual de garantistas ni defienden «con igual celo» los derechos de los ciudadanos, argumentó Emilio Olabarria.

Pese a su colaboración con los diputados, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional (AI) no se han dado por satisfechos, como demuestra una carta que han enviado a todos los grupos parlamentarios pidiéndoles que no desaprovechen la «oportunidad de mostrar su compromiso real y efectivo con el derecho de asilo, en particular, y con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos».

Así, estas organizaciones critican que la nueva ley «convierta el asilo en una víctima de las políticas comunitarias obsesionadas con el cierre de fronteras». En esta línea, lamentan que no se incluya a los residentes en la UE, el aumento de las causas de exclusión con «fórmulas jurídicamente imprecisas» y la ampliación de plazos de detención al entrar a un país.