O LE ECHAMOS el cerrojo a esta venta o construimos un nuevo cuerpo de seguridad que nos proteja de las actuales Fuerzas de Seguridad en esta España nuestra en la que vivir se está convirtiendo en pisar sobre pólvora. Días pasados comenté en esta columna la redada llevada a cabo por la Policía Nacional en el comedor benéfico que las Hermanas de la Caridad tienen establecido en la santacrucera calle de La Noria. Los agentes efectuaron su acción en el momento en que había allí más gente reunida para comer. El objeto de la operación era descubrir a inmigrantes ilegales y conducirlos luego al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que han instalado en Hoya Fría, donde, en el día en que se efectuó la redada, había 87 personas retenidas, no sé si antes o después de haber ingresado los 17 “ilegales” que se llevaron los policías del comedor benéfico de La Milagrosa.

Ahora, tras esa acción policial, que califiqué, cuando menos, de inoportuna, me entero por este periódico de que, por disponerlo así la Subdelegación del Gobierno en Tenerife, un súbdito colombiano con arraigo familiar y de trabajo en esta isla, intentaba ser deportado a su país de origen el viernes de la semana pasada. Esta circunstancia, que convierte en ilegal lo dispuesto por la Subdelegación del Gobierno, ha sido demostrada al juez por el abogado defensor del colombiano del cual sólo se dan a conocer las siglas de su nombre y apellidos, que son R.D.R.

El letrado aludido, don Plácido Alonso, acudió al despacho judicial acompañado de la pareja española del deportado y del empresario que le dio trabajo al colombiano, contra el que se actuó. La Subdelegación hizo caso de un informe policial en el que se acusaba falsamente al inmigrante de malos tratos. Dice la información que R.D.R. pidió a la Policía que avisaran a su abogado y la Policía hizo oídos sordos. Aseguran que la deportación se intentó pese a existir un auto judicial que se opone a la misma.

Más difícil de entender todavía: el Ministerio del Interior está en el tinglado por dar el visto bueno a la Subdelegación del Gobierno. ¿Y ahora qué? ¿Van a pedir perdón al perjudicado tan injustamente, a este hispanoamericano maltratado por nuestra absurda política, por nuestra Policía y por nuestra Administración? ¿A quién acudimos si a nosotros, a cualquier ciudadano, nos pasa algo semejante? Mejor que estudiemos dónde se puede emigrar, que no sea a Venezuela, como en los años cincuenta.