La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento onubense, sindicatos y ONG niegan haber sufragado el viaje de los temporeros Lleida

La presencia de inmigrantes que buscan trabajo en la campaña de recogida de la fruta se ha convertido este verano, un año más, en un problema para la convivencia en el casco antiguo de Lleida, donde los vecinos han denunciado asentamientos. En esta ocasión, los propios inmigrantes han explicado que han llegado a Lleida con el billete pagado procedentes de Huelva. De hecho, no es el primer verano que se denuncia el «envío» de temporeros desde el sur hacia Lleida, ya que el inicio de la campaña de la fruta en esta demarcación coincide con el final de la recolección de la fresa en la provincia andaluza.

El servicio de atención a los temporeros ya está en marcha en el Mercat de Santa Teresa, que se encuentra cerca del asentamiento, ubicado en la plaza del Seminari, aunque ello no impide que medio centenar se hacinen en las calles y provoquen las quejas de los vecinos. Los propios inmigrantes han denunciado las deficiencias del servicio y el hecho de que no esté adecuadamente dimensionado para dar respuesta a las necesidades del momento.

No está claro quién ha pagado el traslado, ya que el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía lo niegan y los demás candidatos, sindicatos y ONG, tampoco reconocen la práctica abiertamente. Según publicaba ayer el periódico Segre, para solucionar la situación el Ayuntamiento de Lleida tiene previsto responder con la misma acción. Así, la concejala de Seguridad Ciudadana, Sara Mestres, anunció que el consistorio pagará el transporte a los municipios en los que los inmigrantes estén empadronados siempre y cuando ellos acepten irse de Lleida. Mestres explicó que esta iniciativa ya se llevó a cabo el año pasado, cuando un centenar de inmigrantes se acogieron a ella.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Ángel Ros, aseguró que la presencia de inmigrantes en verano es habitual «desde hace 30 años» e insistió en que el consistorio trabaja para que los legales vuelvan a sus lugares de origen mientras que pone a disposición del Gobierno a los que no tienen papeles «para que aplique la Ley de Extranjería».