«Ellos pueden vestir como les dé la gana, mientras ellas se ven obligadas a llevar vestidos largos que les tapan el cuerpo y un pañuelo sobre la cabeza que les cubre el cabello». Bibiana Aído, ministra de Igualdad, se pronunciaba así hace un año en el marco de una jornada de debate sobre el papel de las mujeres en la Alianza de Civilizaciones. Meses antes, el PP había introducido en su programa electoral la regulación del uso del velo para evitar que su empleo supusiera «un elemento de discriminación» para la mujer. Es uno de los pocos asuntos que ha logrado aunar sin matices los criterios de Gobierno y oposición. Y ha sido a costa de las asociaciones islámicas, que siempre han criticado la propuesta argumentando que también habría que regular las prendas de otras confesiones, como la sotana o el hábito de las monjas.

Vacío legal

España es un país aconfesional, por eso los símbolos religiosos están permitidos. Con el hiyab o velo islámico y con el burka hay una suerte de vacío legal, pues no está ni prohibido ni expresamente permitido. Esto acarrea situaciones dispares y una cierta esquizofrenia. Por ejemplo, el año pasado, la dirección de un instituto de Orcasitas (Madrid) prohibió a los alumnos portar cualquier símbolo religioso. No aplicó esta norma por el pañuelo musulmán, sino por «las enormes cruces que llevaban colgadas al cuello los Latin Kings». Otros institutos después han seguido este ejemplo.

Sobre el uso del velo ha habido tres episodios polémicos. El primero en 2002. El colegio concertado Inmaculada Concepción de El Escorial se negó a aceptar a una marroquí de 13 años porque llevaba el hiyab. La Comunidad de Madrid buscó a la menor un hueco en el instituto Juan Herrera. La entonces dirección del centro también puso reticencias, pero la controversia que se generó fue tal que tuvo que ceder. Hoy permite a las musulmanas llevar pañuelo, pero no deja que los alumnos lleven gorra.

En octubre de 2008 le tocó a Shaima, de ocho años. Una escuela de Gerona le prohibió ir a clase con velo basándose en un reglamento interno que rechazaba «todo elemento» que pudiera causar «discriminación». La Generalitat instó al colegio a permitir su asistencia a clase con este atuendo, porque «el derecho a escolarización prevalece sobre las normas de los centros». En el tercer caso ocurrido en España se vieron implicadas dos granadinas, a las que se impidió el año pasado hacerse fotos para el DNI con el pañuelo puesto, cuando Interior ya reguló en 1998 esta posibilidad.