Los jueces de instrucción de Mataró que han estado interrogando a los detenidos en la llamada operación Wei, han dejado en libertad a las 77 personas detenidas durante la operación policial. Todos ellos han quedado imputados por un delito contra los derechos de los trabajadores. No es habitual la prisión preventiva por este supuesto penal.

A los detenidos se les considera responsables de los 72 talleres que fueron registrados. El alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, explicó que de estos locales, 24 tenían licencia y cuatro estaban en trámites para tenerlas. A pesar de las cifras desveladas por él mismo, afirma que “Mataró no es una ciudad sin ley”. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que son sólo unos 15 los que declaraban su actividad. Sea como sea, para el alcalde se han producido problemas colaterales: “Se ha parado una parte económica de la ciudad, se nota que Mataró no sigue su ritmo habitual de vida”. Inmediatamente, se apresura a decir que es importante que todas las empresas radicadas en la ciudad “cumplan la legalidad vigente”. “Si no la cumplen, que intervenga la policía”, añade. Los Mossos dicen tener que claro que es lo que han hecho; actuar contra quienes cometen delitos contra los trabajadores.