Están convencidos de que su porvenir está en manos del delegado del Gobierno y por eso, desde el mes de febrero, se concentran de forma pacífica en el Centro de la ciudad reclamando una regularización que sigue sin llegar. Muchos de los 63 inmigrantes bengalíes que residen en Melilla llevan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes casi cuatro años, tiempo suficiente para conseguir unos papeles que cuando llegaron podían conseguirse en menos tiempo. De hecho, no entienden por qué a ellos les afecta el endurecimiento de unas leyes que se están aplicando con carácter retroactivo y que fijan en cinco años el plazo mínimo para que se revoque la orden de expulsión que pesa sobre ellos.

Los mayores no están viendo crecer a sus hijos, y los más jóvenes ni siquiera tienen la oportunidad de formar su propia familia. Proceden de un país donde la vida es muy dura, con condiciones climatológicas muy adversas, con unas tasas de pobreza desorbitadas, con muy pocas opciones de labrarse un futuro digno. Y no quieren volver sin papeles. No pueden regresar a unos hogares acuciados por las deudas contraídas con las mafias que financiaron sus viajes hacia occidente. Muchas familias se han quedado en la calle, tras vender lo poco que poseían, con la esperanza de que sus hijos logren tras tantos años de espera una regularización por la que apuestan también los melillenses que han tratado con los bengalíes.