La polémica creada tras la decisión del Gobierno de firmar unilateralmente convenios para que los inmigrantes de determinados países extracomunitarios pueden votar en las elecciones municipales, a espaldas del Parlamento, no se debería producir más. El hecho de que el Ejecutivo no esperase a las conclusiones de la Subcomisión para la reforma de la Ley Electoral, constituida en el Congreso, ha llevado al Grupo Parlamentario Catalán (CiU) a presentar una iniciativa para frenar estos excesos del Gobierno. Los catalanes han conseguido el respaldo para instar al Gobierno a que «informe a la Comisión Constitucional, mediante comparecencia del Secretario General de Asuntos Consulares y Migratorios, del curso de las negociaciones en relación con los acuerdos para facilitar el voto de las personas extranjeras en España en las elecciones municipales». Igualmente, le insta a «mantener a la Comisión Constitucional permanentemente informada sobre la evolución» de dos aspectos fundamentales de esta polémica.

Por un lado, «las negociaciones con los tres países que cumplen las condiciones de reciprocidad que establece la Constitución en el artículo 13.2, y cuyos acuerdos todavía no han sido incluidos, eso es, Bolivia, Venezuela y Uruguay». Por otro, «eventuales negociaciones con otros países encaminados a alcanzar nuevos acuerdos».

Los diputados de CiU están muy satisfechos por esta iniciativa, ya que, según aseguró a ABC el parlamentario Jordi Xuclá, es «la primera vez que se consigue que los convenios consulares tengan un debate previo. Hasta ahora, ningún convenio internacional había sido discutido en la Cámara».