Le intentó dar un tijeretazo, pero no pudo. Y ello ha provocado un retraso en su cumplimiento. Cuando se trata de recortar dinero a las autonomías para gastos sociales ya comprometidos, querer dar marcha atrás es muy complicado. Y más, cuando el dinero que se quiere quitar es para el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo. Pero lo grave no es que el presidente Rodríguez Zapatero, haya querido reducir de 200 a 141 millones este fondo, sino que lo ha querido hacer traicionando sus propias palabras. Dijo que los recortes presupuestarios como consecuencia de la crisis económica no afectarían al gasto social, por ello, las Comunidades autónomas, principales receptoras de estos fondos, junto con los ayuntamientos, así se lo han hecho saber, y le han obligado a rectificar.

Retrasos y críticas

La marcha atrás se hizo efectiva el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros aprobó el reparto de los 59.949.120 euros que se quitaron el 13 de marzo, cuando el mismo consejo sólo distribuyó 141 millones. La guerra ya estaba declarada y las autonomías se pusieron en pie de guerra para pedir que se cumpliera la palabra dada y se restituyeran los 200 millones. Zapatero no fue capaz de mantener un recorte que comprometía sus palabras y ponía en cuestión su verdadero interés de respetar el gasto social. Más si cabe, cuando el fenómeno de la inmigración crece y las necesidad para atender a este colectivo también.

Esta actitud del Gobierno, de ahora sí y ahora no, ha tenido una primera consecuencia, el retraso en el envío de el dinero a las Comunidades, según los datos aportados a ABC por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Hasta el día de hoy, ninguna ha recibido el dinero correspondiente a 2009. Sí se han firmado los protocolos con Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra, País Vasco y Melilla, y se ha iniciado la gestión para la transferencia de los fondos del primer reparto (el de los 141 millones de euros). Los planes de acción – que establecen el destino del dinero – están todos aprobados, excepto el de La Rioja y Canarias. Estos planes, una vez aprobados, se envían a las Comunidades para su firma y se devuelven al Ministerio.

El malestar en las Comunidades autónomas por esta situación es evidente. El consejero de Inmigración de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, calificó a ABC de «intolerable la actuación de Rodríguez Zapatero. Han llevado a la máxima expresión su política de banzados y palos de ciego». Además, considera que el retraso en el envío del dinero puede «crear un desequilibrio socioeconómico para las administraciones autonómicas y locales, que son las que verdaderamente conviven y atienden a la población extranjera».

Por su parte, el consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasketty, acusa al presidente del Gobierno de «haber actuado sin criterio, de cualquier manera y se han dado cuenta de que el recorte era una barbaridad». A juicio del consejero madrileño, uno de los aspectos más graves de esta rectificación es el retraso que conlleva en la llegada del dinero, «otros años, a estas alturas, ya se habían firmado los convenios. Ahora pasarán varios meses para que nos llegue el dinero. Es un retraso innecesario que se podrían haber ahorrado».

Finalmente, Fernández Lasketty considera los fondos (200 millones) de «insuficientes», ya que se mantienen congelados desde 2007, «a pesar de que la inmigración ha crecido un 20 por ciento. En un momento especialmente crítico, hacer un esfuerzo de integración es hacerlo por la cohesión social».