El abogado de los empresarios de la panificadora de Real de Gandia donde el pasado 28 de mayo un inmigrante boliviano perdió el brazo en accidente laboral, ha dicho que sus clientes se declaran «inocentes» y que la acusación «no ha pedido el delito de omisión de ayuda, porque de hecho no se da».

El sindicato CCOO y la familia del trabajador han denunciado que uno de los empresarios abandonó a éste a unos 200 metros del hospital y tiró el brazo a un contenedor de basura.

El abogado defensor de los propietarios de la panificadora, que actualmente se encuentra clausurada, defiende que sus clientes mantienen que acompañaron al trabajador hasta el servicio de urgencias, y que incluso uno de ellos tuvo que ser atendido «en estado de shock», y asegura disponer de pruebas del hospital que lo acredita.

Respecto a por qué tiraron el brazo amputado a la basura, el letrado sostiene que la extremidad «se encontraba destrozada».

Los dos empresarios ha acudido hoy, a las 9.15 horas, a los juzgados de Gandia y han declarado durante cerca de cuatro horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 que instruye el caso.

El juez ha acordado la libertad provisional sin fianza de los dos hermanos, que tendrán que comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

El Ministerio Fiscal y la acusación popular habían solicitado prisión provisional con fianza eludible de 100.000 euros para cada uno de los dos hermanos, responsables de la panificadora, por los delitos de «riesgos laborales, lesiones consumadas y un delito de contratación ilegal».

El secretario de Salud Laboral de UGT, Carlos Calero, que se ha personado como acusación popular, ha manifestado a la salida del juzgado que los empresarios han declarado que «no iban a la empresa», y que la fábrica «funcionaba autónomamente y los trabajadores tenían sus llaves».

UGT, que se ha sumado a las acusaciones de la Fiscalía, estudia ampliar las imputaciones contra los empresarios por un presunto delito «contra la seguridad de los trabajadores».

Según Calero, la mayoría de trabajadores de la empresa eran inmigrantes en situación ilegal, además considera «denigrante y lamentable» que los empresarios justifiquen que tiraron el brazo a la basura «porque era inservible».

El abogado de la compañía de seguros de la empresa se ha personado también hoy ante el juez, según han informado fuentes jurídicas.

Según el representante sindical, «el seguro no se hace cargo de ninguna de las coberturas en materia civil y social» como consecuencia del accidente, ya que la póliza contratada «era un seguro general» y «no incluía seguro por accidente ni situaciones de riesgo».

Calero ha informado asimismo de que no descartan ampliar las imputaciones a otros socios de la empresa en la que se produjo el accidente laboral.