SALVADOR ENGUIX – Valencia
La culpa de las nefastas medidas de seguridad que provocaron la pérdida del brazo izquierdo del inmigrante boliviano Franns Melgar, de 33 años, “fue de los trabajadores”. Eso es lo que dijeron, para asombro de los letrados del sindicato UGT, los dos propietarios de la panificadora de Real de Gandía ante el juez instructor, según el secretario de Salud Laboral de este sindicato, Carlos Calero. “Dicen que ellos nunca iban a la empresa, que no eran responsables de la seguridad, que eran los empleados los que tenían las llaves y que fueron estos los que crearon las malas condiciones”, añadió.

Tras la declaración, que duró cuatro horas, el titular del juzgado de instrucción número 6 de Gandia acordó decretar la libertad con cargos de los dos jefes de la empresa, los hermanos Rovira, apodados en el pueblo como “los veneno”. La decisión del juez va en contra del criterio del fiscal y de la acusación popular, que solicitaron la prisión provisional con fianza eludible de 100.000 euros para cada uno de los hermanos por los delitos de “riesgos laborales, lesiones consumadas y un delito de contratación ilegal”, según los letrados.

Tras el accidente, Franns Melgar fue presuntamente abandonado a su suerte a cincuenta metros de un centro de salud por uno de los propietarios mientras se desangraba. Tuvo que ser auxiliado por un ciudadano que lo encontró malherido y tirado en el suelo. El letrado de los sindicatos señaló que los acusados reconocieron que no llegaron a acompañarlo hasta el hospital. Pero el abogado de la empresa apuntó, al contrario, que sus defendidos “acompañaron hasta el centro sanitario al herido y que incluso uno de ellos tuvo que ser atendido por un shock emocional”.

El juez interrogó también a los dos empresarios sobre por qué no recuperaron el brazo amputado de Franns Melgar y por qué lo lanzaron a la basura. Su abogado informó de que ante el instructor los dos hermanos afirmaron que la extremidad estaba “totalmente destrozada”, y que era imposible “su recuperación”. El delegado sindical informó también de que durante la prueba ante el juez se evidenció que la mayoría de los inmigrantes que trabajan en la panificadora se encuentran en “situación ilegal”, y juzgó “denigrante y lamentable” que estos propietarios justificaran la acción de lanzar el brazo a la papelera “con estas argumentaciones de que estaba inservible, porque ellos no tienen criterio para saber si una extremidad se puede aprovechar”. UGT estudia ahora ampliar las imputaciones contra los propietarios de la panificadora por un delito “contra la seguridad de los trabajadores”.