Los hermanos Veneno se desentendieron ayer ante el juez de las graves deficiencias en las medidas de seguridad de la panificadora de Real de Gandía (Valencia) en la que perdió el brazo uno de los siete trabajadores que mantenían sin contrato. Es más, culparon a los empleados de manipular los sistemas escudándose en que ellos nunca iban por su negocio.

Raúl y Juan Javier Rovira se sentaron ante un juez de Gandía para responder por muchas cuestiones, aunque la fundamental ya la sabían de antemano: ¿por qué tiraron a la basura la extremidad de Franns Rilles después de que una máquina se lo cortara de cuajo? Lo hicieron porque consideraron que era «inservible», según precisaron fuentes judiciales.

Tras tomarles declaración, el instructor los dejó en libertad con cargos a pesar de que el fiscal de Siniestralidad Laboral Jaime Gil pidió su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros por cabeza. Los considera autores de los delitos de lesiones consumadas y contratación ilegal. El sindicato UGT, personado en la causa como acusación popular, propondrá la ampliación de los delitos a contratación ilegal y abusiva, coacciones, ocultación de pruebas y tráfico ilegal de mano de obra. Además, pedirá la imputación de más personas que considera responsables del funcionamiento de la empresa familiar.

Los dos hermanos llegaron a los juzgados de Gandía minutos antes de las 9.30 horas de ayer ataviados con gorras y gafas de sol. Prestaron declaración durante cuatro horas. En ese tiempo, aseguraron al magistrado que no tienen ninguna responsabilidad porque las medidas de seguridad fueron manipuladas por los trabajadores. Así, indicaron que ellos nunca iban a la panificadora porque los empleados tenían llaves, según explicó el secretario de Salud Laboral de UGT, Carlos Calero. «Los imputados indicaron que, como no iban por el establecimiento, no son responsables de ninguna de las medidas de seguridad», dijo.

Los hermanos Rovira señalaron que «los trabajadores fueron entonces los que crearon esas malas condiciones de trabajo», explicó el sindicalista. Raúl y Juan Javier admitieron que se deshicieron del brazo de Rilles porque era ya «inservible» y aseguraron, según UGT, que dejaron al herido a una «distancia prudencial» del hospital.

La versión del letrado de la defensa fue opuesta. Sobre este aspecto, el letrado de los acusados matizó que no se deshicieron del brazo, sino que éste estaba «totalmente destrozado». En cuanto al traslado del herido al hospital, explicó que declararon haber acompañado a la víctima hasta el interior del centro, y que incluso uno de ellos tuvo que ser atendido por un shock emocional. La instrucción se completará con la declaración de testigos y con la del propio Franns Rilles, el día 3 de julio.