España, Francia e Irlanda han aumentado las trabas hacia los defensores de los inmigrantes, llegando incluso a criminalizar la asistencia a extranjeros en situación irregular, según críticas reflejadas en el informe de 2008 de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), divulgado hoy en París.

En España, señala el texto, el ante – proyecto de reforma de la Ley sobre la inmigración, aprobado en diciembre de 2008 en Consejo de ministros, establece como infracción grave y punible con una multa de hasta 10.000 euros el hecho de promover ‘la permanencia irregular de un extranjero en España’".