TAPACHULA, Chis.— El coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana Pacífico Sur, Alejandro Solalinde Guerra, expresó su preocupación por el aumento de secuestros masivos de migrantes centroamericanos en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Tabasco.

A las retenciones masivas, señaló, podemos añadir los métodos violentos que están empleando los grupos delictivos para presionar a los familiares para que paguen el rescate de los “sin papeles”.

El sacerdote indicó que “los integrantes de estas organizaciones criminales —entre estas, Los Zetas y La Mara Salvatrucha— ven al migrante como una oportunidad para sacar, además del tráfico de drogas, mayores ganancias con el secuestro masivo, obteniendo fuertes pagos por su liberación”.

Explicó que el plagio de migrantes que viajan a bordo del ferrocarril con destino a la frontera norte, empieza desde Medias Aguas, El Túnel 32 de Orizaba, Coatzacoalcos y Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, y continúa a lo largo de Tabasco y Tamaulipas, así como en localidades fronterizas con Guatemala y Estados Unidos, respectivamente.

Denuncias por cinco secuestros

En el mes de noviembre del año pasado, cinco guatemaltecos presentaron denuncias por secuestro ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Migrantes en Chiapas, organismo que turnó el caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

En la averiguación previa 0011 / FEDCM / I / 2008, los migrantes Carlos Agustín López, Héctor Humberto Duarte, Bayron Estuardo Batres, Lester Wilfredo Cardona y Gustavo Ortiz Cartagena narraron la pesadilla que vivieron, cuando un grupo de secuestradores integrado por supuestos zetas y maras los mantuvieron privados de su libertad y amenazados de muerte si sus familiares no pagaban tres mil dólares para liberarlos.

“¡No intenten huir porque los mato!”, fue la advertencia que uno de siete secuestradores hizo contra cinco migrantes guatemaltecos, quienes fueron golpeados, insultados y conducidos a una de las casas de seguridad ubicada en las inmediaciones de la estación de ferrocarriles de Orizaba, Veracruz.

Debido a los golpes, insultos y amenazas, los delincuentes lograron que los guatemaltecos residentes en Puerto Barrios, Izabal, de entre 16 y 18 años, les otorgaran los números telefónicos de sus familiares para exigirles el pago por su libertad.

¡Dame el número…! ¡Me das el número o te mato!, exigían los plagiarios a los atemorizados indocumentados, mientras descargaban contra sus cuerpos patadas y puñetazos.

Tras las negociaciones, cuatro de los guatemaltecos fueron liberados luego de que sus familiares pagaron 500 dólares por su libertad, mientras que uno de ellos duró cautivo casi un mes, hasta que su madre logró juntar 300 dólares.

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