POR M. A. RUIZ COLL

ALICANTE. Nacido en Bolivia Frans Rilles Melgar llevaba dos años trabajando en Real de Gandía por apenas 700 euros al mes, sin estar dado de alta en la Seguridad Social y sin permiso de residencia en España. Su nombre no hubiera salido del anonimato de no ser por el trágico accidente que sufrió esta misma semana, cuando una máquina de la panificadora en la que trabajaba durante 12 horas diarias le segó el brazo izquierdo.

Los dueños de la empresa le abandonaron en la puerta del hospital, instándole a que no dijera ni una palabra de lo que había ocurrido. Ahora, el Gobierno ha reconocido las especiales circunstancias de este inmigrante boliviano y le ha concedido el permiso de residencia en España, mientras la Justicia abre un proceso penal a sus antiguos patronos.

El caso de Frans Rilles Melgar es excepcional, pero no único. Hace tres años, en junio de 2006, la Administración también regularizó la situación de un inmigrante senegalés de 24 años, Alou Sy, en reconocimiento a su heroica actuación, que resultó vital para salvar a una niña que había sido mordida por un pez en la Playa de San Juan (Alicante).

Batalla legal

La Ley de Extranjería abre un resquicio para otorgar la tarjeta de residencia a inmigrantes que se encuentran en una situación extraordinaria, como Alou y como Frans. Perola última palabra corresponde de forma discrecional al Gobierno, que casi siempre toma esta decisión ante los focos de los medios de comunicación.

Hace algo más de un año, el abogado Enrique Cutillas Iglesias logró que la Subdelegación del Gobierno en Alicante revocara la orden de expulsión dictada contra un transexual argelino, que había sido detenido por la Policía por residir ilegalmente en España.

El letrado argumentó, con éxito, que la vida de su cliente podía peligrar si era deportado a su país, donde los códigos religiosos en materia sexual son especialmente estrictos. Ahora, Cutillas ha emprendido una batalla legal similar para ayudar a una joven guineana de 26 años, residente en Almería y enferma de sida.

Aunque contra ella también pesa una orden de expulsión, es casi seguro que si regresa a Guinea no podrá recibir tratamiento médico para su enfermedad. De nuevo, son los motivos humanitarios los que, en última instancia, pueden inclinar la balanza.

Más del 90% de los inmigrantes «sin papeles» que logran regularizar su situación en España lo hacen acogiéndose al supuesto de arraigo social: para ello deben acreditar que llevan al menos tres años residiendo en el país (suele ser suficiente con un certificado del Ayuntamiento) y que no tienen antecedentes penales.

Colaboración con Trabajo

Pero la Ley de Extranjería también permite otorgar el permiso de residencia por otros motivos excepcionales, explica Cutillas. Por ejemplo, por causas humanitarias, por colaboración con la Inspección del Trabajo o con la Justicia.

Aunque no es frecuente, en ocasiones los jueces han solicitado a la Administración que otorgue este permiso a un inmigrante que ha presenciado un delito, con el fin de que pueda declarar como testigo, si su palabra es crucial para demostrar los hechos.

La Justicia emplea en ocasiones esta excepción a la Ley, por ejemplo, cuando la Policía desarticula una red de trata de blancas en la que las prostitutas son extorsionadas por el proxeneta.

La colaboración con la Inspección de Trabajo también puede ser una vía para obtener los «papeles», si el inmigrante acredita que está trabajando de forma irregular y denuncia al empresario.