MÉRIDA, Yuc.— El juzgado segundo de Distrito en Yucatán emitió tres órdenes de aprehensión en contra de los involucrados en una red de prostitución descubierta el martes pasado, tras la liberación de dos mujeres de Costa Rica de una casa donde eran explotadas sexualmente, quienes acusaron al delegado del Instituto Nacional de Migración de lenocinio y trata de personas.

El funcionario involucrado, Hernán Vega Burgos, rechazó las acusaciones y renunció el jueves a su cargo luego de obtener un amparo, pero hasta hoy no se ha procedido en su contra. Al frente de la delegación del INM en Yucatán fue nombrado José Felipe Puelles Espina, procedente de Oaxaca.

Vega Burgos fue acusado por las costarricenses Raquel Ivannia Canales Acevedo, de 25 años y Yoheny Chávez Fonseca, de 22, de obligarlas a prostituirse.

Las órdenes de aprehensión son, una en contra de la costarricense Keysi González Corrales La Madame, quien se encuentra prófuga y al parecer se encargaba de reclutar mujeres en Costa Rica para trasladarlas a México.

También se ordenó la captura de Rosa María Casanova May, encargada de vigilar a la mujeres de una casa de la colonia México Oriente, donde la policía liberó a las dos costarricenses quienes dijeron que estaban secuestradas y eran obligadas a prostituirse.

La otra orden de arresto es en contra de Manuel Jesús Mena Aguilar y Eduardo Antonio Aguilar López, encargados de reclutar mujeres para incorporarlas a la red de prostitución. Aguilar López es señalado como pareja sentimental de La Madame.

Niegan secuestro

Sin embargo, el abogado José Antonio Peniche Sansores, ex defensor de la prófuga González Corrales, calificó de dudosa la acusación de secuestro, porque ambas jóvenes enviaban dinero a Costa Rica, utilizaban teléfonos celulares y el sábado pasado, las dos fueron de compras a un centro comercial de Mérida.

“Ellas podían salir libremente”, aseguró el abogado, quien aclaró que dejó el caso porque no hubo un arreglo con González Corrales, aunque negó conocer su paradero.

Por su parte, Casanova May declaró que las dos costarricenses, que fueron trasladadas desde el jueves a la SIEDO en la ciudad de México, trabajaron como prostitutas en su país y tenían hasta un “carnet sanitario”.

En declaraciones difundidas en San José, la capital de Costa Rica, por el canal 7 de Televisión, la costarricense prófuga de la justicia mexicana, González Corrales, radicada en México, admitió que reclutó a las dos jóvenes y que nunca fueron engañadas porque “sabían que iban a prostituirse”.

Investigan en Costa Rica

Informes procedentes de San José, Costa Rica, indican que la viceministra de Seguridad de ese país, Ana Durán, anunció que investigan el caso de las jóvenes Canales Acevedo y Chávez Fonseca, quienes viajaron a México supuestamente para trabajar como modelos y al parecer fueron obligadas a prostituirse.

Chávez Fonseca vivía con su madre en Llanos de Santa Lucía, Paraíso de Cartago, mientras que Canales Acevedo en San Francisco de Heredia.

Durán indicó que también indagan la existencia de una red que traslada mujeres a México para ser prostituidas y de la que hasta ahora no se tenía ninguna información.

La viceministra pidió a las jóvenes costarricenses tener cuidado con las ofertas de trabajo fuera de su país, porque pueden ser víctimas de tratantes de personas, delito que en Costa Rica es castigado con cárcel de entre ocho y 16 años.

La embajadora de Costa Rica en México, Gioconda Ubeda, dijo que las jóvenes eran víctimas y esperaba encontrarse con ellas en breve para ofrecerles el apoyo necesario.

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