El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Gandía investiga, por los delitos de contratación ilegal, lesiones graves por imprudencia y contra la seguridad en el trabajo, a los dos propietarios de la panificadora de esta localidad valenciana donde Franns Rilles Melgar, un inmigrante boliviano de 33 años, perdió el 28 de mayo un brazo en accidente laboral.

El magistrado abrió ayer diligencias previas para investigar los hechos y citó a declarar en el juzgado a ambos hermanos en calidad de imputados, aunque no fijó la fecha en que se practicará la prueba, según confirmó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La citación se produjo después de que la Fiscalía iniciase también una investigación por los mismos delitos tras recibir los primeros informes sobre lo ocurrido de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo.

Investigación

La investigación judicial trata de comprobar algunos indicios que apuntan a una actividad delictiva por parte de los propietarios del obrador de pan ubicado en el polígono Real de Gandía. Según los informes y las declaraciones de la víctima, el 28 de mayo una máquina de amasar segó el brazo izquierdo a Rilles Melgar mientras trabajaba en ella y uno de los propietarios le traslado a Valencia y le abandonó en las proximidades de la clínica Virgen del Consuelo, sin querer acompañarle al centro. Según lo actuado, el patrón aleccionó al inmigrante sin papeles para que cuando entrase en el centro sanitario no contase lo que había ocurrido ni dónde había sufrido el accidente. También es muy probable que los cirujanos no tuviesen oportunidad alguna de reimplantar a la víctima el miembro amputado por la máquina porque los dueños del obrador lo arrojaron a la basura para evitarse problemas.

El informe de la Inspección de Trabajo, que ha provocado la clausura de la panificadora, confirma que el local y las instalaciones no cumplen los requisitos mínimos de seguridad e higiene en el trabajo, y que Rilles Melgar – que trabajaba unas doce horas diarias y cobraba 700 euros al mes – carecía de contrato y no estaba dado de alta en la seguridad social, situación en la que también estaban otros extranjeros sin papeles empleados en el negocio.

La vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, informó de que el Consejo de Ministros celebrado ayer acordó la concesión de un permiso de residencia en España a Rilles Melgar por «razones extraordinarias», para que pueda regularizar su situación legal.