El conmovedor caso de Franns Rilles Melgar ha puesto al descubierto la situación de precariedad e indefensión en que pueden llegar a encontrarse los inmigrantes empleados en nuestro país, en especial si su falta de papeles les somete a un trato tan degradante como el que presuntamente ha sufrido el joven boliviano por sus patronos. Es muy revelador que se hayan tenido que producir unos hechos tan dramáticos como la amputación padecida por la víctima y el cruel abandono que, según su denuncia, recibió de los dueños de la panificadora en la que trabajaba para que acabaran trascendiendo tanto el accidente laboral, como la actividad ilegal de la empresa. La imputación judicial contra los propietarios y la concesión excepcional al herido del permiso de residencia están encaminados a esclarecer y reparar unos acontecimientos que, si se confirman en toda su gravedad, reflejarían un comportamiento empresarial no sólo irregular sino singularmente desalmado.

La tragedia que los accidentes laborales siguen suponiendo en nuestro país afecta de manera particular a los inmigrantes, cuyo desconocimiento de la lengua o de los derechos que les asisten pueden dificultar el acceso y la interiorización de las medidas de prevención imprescindibles para impedir los siniestros. En el caso de quienes carecen de un estatus regularizado, ese desamparo puede transformarse en terreno abonado para la explotación y la ocultación de sucesos como el sufrido por Franns Rilles Melgar. Esos accidentes subterráneos, que además amenazan con dejar al inmigrante sin su vía de supervivencia, constituyen un elemento añadido para extremar los controles sobre la emigración ilegal, ante la difusa frontera que puede existir entre la decisión de emplear a extranjeros por motivos humanitarios y su utilización esclavizada. Pero también para erradicar la eventual indiferencia o tolerancia social ante abusos de poder amparados en la xenofobia.