El Consejo de Ministros acordó ayer conceder el permiso de residencia al inmigrante boliviano que perdió un brazo en una panificadora de Gandía y fue abandonado por su jefe a 200 metros del hospital tras tirar la extremidad amputada a la basura. Edgar Franns Rilles podrá regularizar su situación en el país por «razones extraordinarias», según informó ayer la vicepresidente primera del Gobierno. María Teresa Fernández de la Vega también indicó que, con independencia de las multas y sanciones administrativas que puedan derivarse para los propietarios del negocio, las autoridades laborales remitieron su informe a la Fiscalía tras detectar indicios de hechos delictivos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Gandía investiga por los delitos de contratación ilegal, lesiones graves por imprudencia y contra la seguridad en el trabajo a los dos titulares de la panificadora de Gandía donde el inmigrante boliviano perdió el brazo en accidente laboral el 28 de mayo. El magistrado abrió ayer diligencias previas para investigar los hechos y citó a declarar en el juzgado a ambos hermanos en calidad de imputados.

La investigación judicial trata de comprobar algunos indicios que apuntan a una actividad delictiva por parte de los propietarios del obrador de pan ubicado en el polígono Real de Gandía. El informe de la Inspección de Trabajo, que ha provocado la clausura fulminante de la panificadora, confirma que el local y las instalaciones no cumplen los requisitos mínimos de seguridad e higiene en el trabajo, y que Edgar, que trabajaba unas doce horas diarias y cobraba 700 euros al mes, carecía de contrato y no estaba dado de alta en la seguridad social, situación en la que también estaban otros extranjeros sin papeles empleados en el negocio.