La fábrica en la que trabajaba la víctima, cuya plantilla al completo estaba formada por sin papeles, según declaró el propio Melgar, está ya clausurada por orden de la Inspección de Trabajo. El cierre se debe a que las condiciones laborales eran “deficientes”, lo que pudo ser “una de las causas” del siniestro, según el conseller valenciano de Economía, Gerardo Camps. Según CCOO, todo apunta a que los sistemas de prevención de accidentes de las máquinas habían sido desactivados por los empresarios para que la producción no se parara en ningún momento.

Por su parte, el trabajador boliviano permanece ingresado en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, todavía sedado y aturdido tras pasar varios días en la UCI. A pesar de que trabajaba desde hace dos años en la panificadora, no tiene permiso de trabajo ni residencia.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, dijo ayer que el Gobierno estudiará la posibilidad de regularizar la situación de Melgar. “La ley contempla situaciones como ésta, situaciones donde se puede estudiar la posibilidad de conceder la documentación en función de razones humanitarias”, indicó.

Tras sufrir el accidente, Melgar llegó al hospital por su propio pie, después de que sus jefes le abandonaran en una esquina del centro sanitario, con la orden de que no explicara a los médicos que formaba parte de la plantilla de la panificadora. Los empresarios volvieron a la fábrica, tiraron el brazo a la basura y siguieron trabajando. El miembro fue recuperado horas después por la Guardia Civil y, debido a su estado de conservación, los cirujanos no pudieron reimplantarlo.