MÉRIDA, Yuc.— El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en
Yucatán, Hernán Vega Burgos, fue acusado de los delitos de lenocinio y
trata de personas.

Tras rendir su declaración en relación a las imputaciones que le
hicieron unas mujeres costarricenses secuestradas a quienes se obligaba
a prostituirse, al funcionario se le permitió retirarse del juzgado,
aunque pasó de testigo a indiciado.

Vega Burgos rechazó las imputaciones. Dijo desconocer a las mujeres
y reiteró que las acusaciones en su contra son un show político,
producto de “una mente perversa en la Procuraduría de Justicia del
estado.

“No tengo nada que ver con la detención de varias mujeres
provenientes de Costa Rica y sus actividades”, remarcó el delegado, al
referirse a las dos mujeres que desde hace tiempo trabajaban en la
prostitución en un domicilio de la calle 15, de la colonia México
Oriente.

Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia, Raquel
Ivannia Canales Acevedo y Yoheny Chávez Fonseca involucraron al
delegado del INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con
quien incluso se les obligó a sostener relaciones sexuales.

Estaban cautivas y sólo se les permitía salir para sostener
relaciones sexuales por órdenes de una mujer identificada como Keysy
Johana González Corrales, quien supuestamente coordina la red de
prostitución y presuntamente tenía como sus principales clientes a
funcionarios estatales y federales.

Raquel Ivannia y Yoheny señalaron que supieron que el delegado del
Instituto Nacional de Migración cobraba 15 mil pesos mensuales por
proteger a quienes operaban esa red de prostitución con ilegales.

Las dos mujeres fueron rescatadas por elementos policiacos cuando
una de ellas logró evadir la vigilancia y caminó varias calles, donde
finalmente fue auxiliada por los tripulantes de una patrulla.

En su declaración, acusaron al delegado estatal del INM, quien
acudió la mañana de ayer a comparecer ante el Ministerio Público, de
manera voluntaria.

Aparentemente, luego de su comparecencia Vega Burgos fue detenido
por agentes judiciales, al momento en que las costarricenses Raquel
Ivannia y Yoheny llegaban a la agencia.

Según las primeras declaraciones de las extranjeras, Vega Burgos
recibía una cuota mensual para encubrir a quienes las explotaban, e
incluso, dijeron que fueron obligadas a sostener relaciones sexuales
con el delegado, entre otras cosas.

El rescate de dos jóvenes costarricenses que presuntamente eran
obligadas a prostituirse en Mérida, nuevamente trae a la luz pública
las actividades ilícitas de una joven mujer que controla una red de
sexoservidoras que sirve a políticos, deportistas y empresarios.

Las víctimas aseguraron que la madame las obligaba a prostituirse y las mantenía privadas de su libertad desde hace varios días.

Producto de las investigaciones se detuvo a Rosa María Casanova May,
quien cuidaba que las costarricenses no escaparan de su encierro.

En su declaración, la encargada de la casa de seguridad admitió que
son ciertas sus denuncias y confesó que la responsable de lenocinio es
Keisy González Corrales, de la que la policía desconoce su paradero.

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