lA presente crisis económica – financiera es también una grave crisis de Derechos Humanos, que golpea más duro y cruel a los sectores más débiles de la sociedad: en este caso, a los inmigrantes y asalariados. Quieren salvar las grandes corporaciones y el sistema financiero socializando sus pérdidas e inyectando dineros del erario público sin mostrar resultados, ni ayudas para la gente que hoy atraviesa dificultades. Un sistema económico que busca exclusivamente maximizar las ganancias, concentrar la riqueza en pocas manos y considerar al ser humano únicamente como recurso explotable para producir resultados económicos, sin respetar en muchas ocasiones sus derechos fundamentales… está obsoleto, caduco y debe ser cambiado.

Si nos detenemos a analizar rápidamente las políticas migratorias de la UE y del Estado español, en la llamada frontera cerrada, están provocando situaciones de extrema vulneración de los Derechos Humanos: actos racistas, expresiones xenófobas, discriminatorias, actos intimidatorios, maltrato y abuso policial, retenciones arbitrarias, aislamientos en centros de internamiento, entre otras. Pero han sido las expresiones de muchos sectores del Estado español y, en particular, de los inmigrantes y refugiados, los que han permitido mostrar las violaciones a los Derechos Humanos y conocer el tema, ya que muchas de las actuaciones gubernamentales se hacen de forma oculta, como los cupos de expulsión, las expulsiones y los anteproyectos de reformas como el del asilo y refugio, recientemente aprobado pero desconocido para muchos. Ya lo dijo la misma Abogacía del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, emitiendo informes donde señala que la Ley de Extranjería criminaliza al inmigrante. Como también, el pasado 20 de mayo, el Tribunal de Justicia de la UE señaló que “existe un error de traducción en la versión española del artículo del Código de Fronteras Schenguen”, referido a la expulsión de nacionales de terceros países cuando están en forma irregular. El texto en castellano dice que esa persona “será expulsada” mientras que la versión redactada por el legislador europeo indica que “podrá ser expulsada”, por lo que no se considera una obligación, sino una mera posibilidad según las circunstancias.

Es importante que hoy ni la crisis económica, política e ideológica puedan ser excusa para hacer retroceder los derechos humanos y gobernar bajo la bandera del miedo, la xenofobia y la incertidumbre.

Mario H. Calixto es presidente del colectivo de refugiados colombianos Bachué