El embajador en Lima justifica la decisión porque Alberto Pizango es «un perseguido» Lima

Alberto Pizango, representante de 350.000 indígenas peruanos y considerado por el Gobierno de Alan García como el autor intelectual de los enfrentamientos del viernes pasado en los murieron 23 policías y nueve nativos – según cifras oficiales – es desde ayer un asilado político del Gobierno de Nicaragua.

Pizango, apu (jefe y chamán) de etnia Shawi y representante indígena en las negociaciones con el Gobierno, se hizo famoso en Lima cuando el pasado 16 mayo y tras un mes y medio de movilizaciones, declaró a los pueblos indígenas «en insurgencia pacífica». Exigía que el Estado derogara los nueve decretos supremos que, según el movimiento indígena, permiten la venta de más de un 60% de los bosques primarios peruanos para el cultivo de biocombustibles y la extracción de hidrocarburos. «El señor Pizango se puso a buen recaudo porque su captura podría haber generado más odio, llanto y dolor», declaró en su nombre ayer su abogado, Marco Barreto.

«Queremos la reconciliación con el Estado, sentarnos a dialogar y que entiendan la cosmovisión indígena y que de una vez por todas den un paso atrás en su persecución». El embajador de Nicaragua en Perú, Tomás Borge, apoyó la tesis de la defensa de Pizango y confirmó que su país otorgó el asilo político por razones humanitarias al hasta ahora presidente electo de la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana (Aidesep).

Borge consideró que la orden de captura que pesa sobre el líder amazónico por rebelión, sedición y conspiración es «rotundamente política y está siendo analizada por la Organización de Estados Americanos (OEA)».

Inmediatamente, se pronunciaba airado el canciller peruano, quien aseguró que Pizango «ha sido el instrumento de la red internacional que busca que Perú trastabille el desarrollo político y económico». Con estas declaraciones, el canciller persistía en la tesis sostenida por Alan García, quien sostiene que en los violentos sucesos del pasado 5 de junio en Perú participaron «elementos terroristas y extranjeros». El viernes pasado, un operativo de desalojo de 2.500 indígenas aguarunas (pueblo conocido históricamente como los jíbaros) que bloqueaban una carretera en la región Amazonas, se convirtió en una batalla campal que se extendió por la región.

La Defensoría del Pueblo ha constatado la muerte de nueve civiles y 23 policías, nueve de ellos degollados durante la toma por parte de los indígenas de una estación petrolífera, en respuesta al operativo de desalojo.

Sin embargo, medios de comunicación locales, sectores de la Iglesia e incluso la ONG Amazon Watch denuncian que el Gobierno ha hecho desaparecer cadáveres de varios nativos.

En la ciudad de Bagua, donde se desataron los enfrentamientos con la policía, se mantiene el toque de queda desde las tres de la tarde. Todavía persiste el miedo en la zona, y los medios de comunicación locales denuncian amenazas por parte de la policía y el Ejército.

«Se nos está diciendo que somos terroristas, delincuentes y eso no lo podemos seguir permitiendo los pueblos del Perú, porque la Constitución es de todos los peruanos", declaró ayer Daysie Zapata, ahora cara visible del movimiento de protesta amazónico contra unas leyes que tanto la Defensoría del Pueblo como la ONU consideran atentatorias contra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.