LOS últimos diez años han visto como el número de inmigrantes en España se ha multiplicado por nueve. De 637.085 extranjeros que había empadronados en 1998 se ha pasado a 5,6 millones diez años después. Esto representa el 12% de la población española, que ha llegado hasta la cifra de los 46.661.950 habitantes. Pese a la crisis, la llegada de inmigrantes no se ha detenido, aunque se ha reducido a la mitad. El aumento ha sido de 329.929 inmigrantes frente a los más de 600.000 que se registraba en los años anteriores.

Catalunya es la segunda comunidad autónoma en población, con 7.467.423 habitantes por detrás de Andalucía (8.285.692). Le siguen Madrid (6.360.241) y la Comunidad Valenciana (5.084.502). Pero Catalunya es la autonomía que más inmigrantes acoge, un total de 1.184.192, el 15,9% del total de sus ciudadanos empadronados.

Ese importante aumento de la inmigración, que ha sido el más rápido e intenso de toda Europa, ha sido asimilado hasta ahora sin grandes traumas ni graves problemas convivenciales. La masiva llegada de inmigrantes ha coincidido con años de gran crecimiento económico, lo que ha permitido que pudieran trabajar – en empleos que rechazaban los españoles-y convertirse en una fuente de creación de riqueza. Esto hizo que la inmigración fuera percibida como un fenómeno económico y social positivo.

Existe el riesgo de que la crisis pueda cambiar la percepción social de la inmigración. En la medida en que los extranjeros engrosan las filas del desempleo, cambian su condición de generadores de riqueza y se convierten en una carga asistencial para las arcas del Estado y en un eventual foco de conflicto social. Pero a medio y largo plazo, ante el progresivo envejecimiento de la población española, la inmigración va a seguir siendo necesaria. De ahí que haya que evitar la tentación de demonizarla en épocas de crisis. Lo que habría que hacer, eso sí, es frenar la llegada de nuevos inmigrantes mientras no se reduzca el desempleo.

En las épocas de expansión económica, las administraciones no invirtieron lo suficiente para adaptar las infraestructuras y servicios públicos al elevado aumento de la población. Ello ha creado verdaderos cuellos de botella y déficits asistenciales. Es un error que habría que corregir a través de los millonarios planes de inversión pública anunciados para hacer frente a la crisis y a través de una mejor financiación de las autonomías, especialmente la catalana, que es la que ha sufrido con mayor intensidad el impacto de la inmigración.