Si las previsiones del Govern se cumplen, dentro de un año estarán implantados en Catalunya unos cursillos de integración social de los inmigrantes, probablemente el aspecto más llamativo de la ley de acogida que ha sido remitida al Parlament para su debate y aprobación. Hay que decir de entrada que estos cursillos serán voluntarios y gratuitos, y que el certificado que se otorgará a los asistentes no concederá ningún derecho específico, si bien la Generalitat negociará con el Gobierno central que ese documento se tenga en cuenta, como certificación de arraigo, en los procesos de concesión de permisos de residencia.
La puesta en marcha de mecanismos para encauzar la inserción de la población foránea ha suscitado polémica en otros países. Es hasta cierto punto lógico, dado que subraya los puntos de fricción entre la libertad individual (el derecho de cada cual a conservar su cultura de origen) y el mantenimiento de la identidad colectiva (la lengua propia, por ejemplo). El equilibrio final entre ambos aspectos debe ser el objetivo, pues de ello dependerán tanto la constitucionalidad de la norma como su aplicabilidad.
Catalunya se ha distinguido históricamente por ser tierra de aluvión y de acogida, y esa condición debe mantenerse. Al mismo tiempo, la sociedad catalana, como vehículo de una cultura minoritaria, debe garantizar la pervivencia de la misma sin políticas identitarias excluyentes. El Parlament tiene ante sí la obligación de asegurar esos dos objetivos en la ley, y para eso es imprescindible debatirla con espíritu de consenso. En cualquier caso, en el tema que nos ocupa, como en tantos otros, la regla de oro es que es mejor convencer que imponer.