El Govern aprueba la ley que regula la acogida a través de la enseñanza de este idioma Barcelona

Con idea de facilitar «la autonomía y movilidad social de los inmigrantes», el Govern aprobó ayer una ley que pretende suavizar el proceso de adaptación de este colectivo a su nueva realidad a través del conocimiento de «la lengua y la sociedad catalanas», según explicó la consellera de Acció Social y artífice del proyecto, la republicana Carme Capdevila.

La idea del Govern consiste en articular unos protocolos para recibir a los inmigrantes y así evitar que éstos se sientan abandonados a su suerte al llegar a Cataluña. Para eso, se creará un «servicio universal de acogida» al que podrán acudir voluntariamente los extranjeros que lo deseen cualquiera que sea su origen y situación legal, con el único requisito de que lleven más de 90 días empadronados en Cataluña.

El proyecto se articulará en cuatro fases. El inmigrante que se apunte al plan recibirá atención personalizada por parte de un agente de acogida, que en la medida de lo posible será una persona de su mismo origen, «ya integrada en la sociedad catalana». El usuario tendrá que apuntarse después a un curso de catalán para adquirir competencias básicas en este idioma.

La ley aprobada ayer establece que el catalán es «la lengua común y vehicular del proceso de acogida». Por eso, la Generalitat se propone ofrecer más de 11.000 cursos de este idioma para inmigrantes hasta el año 2015, lo que supondrá un coste de 34 millones de euros, según explicó ayer Capdevila.

Una vez superado el cursillo de catalán, el usuario del plan recibirá información sobre el mercado laboral en Cataluña y se le orientará, también de forma personalizada, para que pueda encontrar empleo. En la última fase, el inmigrante adquirirá conocimientos sobre la sociedad catalana, sus instituciones, los derechos y deberes fundamentales y la legislación en materia de extranjería.

Tras estos trámites, el usuario del plan de acogida recibirá un certificado, aunque, según matizó Capdevila, no será necesario que se examine para adquirirlo. ¿Para qué servirá esta acreditación? Pues, en principio, tan sólo para demostrar «el arraigo social» de su titular.

La Generalitat carece de las suficientes competencias en materia de inmigración como para que este título sea útil para algo más. Sin embargo, el Govern se propone negociar con el Estado en el marco de la comisión bilateral para conseguir que el Gobierno central acceda a darle más cancha a esta acreditación y acceda a que sirva como elemento para obtener el permiso de residencia.

Capdevila contestó ayer a algunas de las dudas que provoca su proyecto. Explicó que los inmigrantes que se acojan a este plan podrán también solicitar que se les enseñe algo de castellano, pero sólo después de que hayan «adquirido competencias básicas en catalán, ya que éste es el idioma común de acogida, de acuerdo con la ley».

Además, la consellera descartó que su proyecto se parezca al carné por puntos que propuso en la campaña de las elecciones autonómicas el líder de CiU, Artur Mas, y que provocó una polvareda política. Mas quería que los inmigrantes tuviesen un carné en el que se irían sumando puntos a medida que el titular acreditase la adquisición de la suficiente catalanidad.

La obtención de conocimientos de catalán, de los valores, las costumbres, las leyes y la cultura catalana darían puntos al inmigrante, quien, a su vez, tendría más ventajas sociales cuantos más créditos lograse, de acuerdo con la propuesta de los nacionalistas, que fue muy criticada por el resto de las fuerzas políticas. Esquerra consideró que el proyecto de los convergentes era «hipócrita» y «poco serio» e Iniciativa opinó que fomentaba «la xenofobia».

«Lo que queremos con esta ley es poner herramientas al servicio de los inmigrantes que lo deseen, pues ésta es la mejor manera de integrarlos», afirmó Capdevila tras rechazar cualquier parecido entre su propuesta y la de Mas.

La consellera insistió en que la ley es «pionera» en toda Europa del sur y subrayó que para redactarla se ha consultado a más de 700 personas expertas en materia de inmigración. Ahora, para que del dicho se pase al hecho, el Parlament tendrá que tramitar y aprobar el proyecto de Capdevila, quien no prevé que la Cámara dé el visto bueno a la nueva normativa antes del primer trimestre del año 2010.

Una vez en vigor, la ley se pondrá en marcha de forma escalonada y a través de las entidades locales, para culminar su aplicación en el ejercicio de 2015. La idea es que en el primer año de aplicación de la normativa se impliquen tres ayuntamientos y un consell comarcal. En el segundo ejercicio, el plan se extenderá a 32 municipios y en 2015, si la cosa va bien, se aplicará de forma generalizada en toda Cataluña.

Las dudas de la comunidad latina

La Ley de Acogida para las Personas Inmigrantes aprobada ayer por el Govern tiene su origen en el Pacto para la Inmigración, firmado el pasado febrero entre el Ejecutivo catalán y diversas entidades sociales.

La firma de este documento no escapó de la polémica. La Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (Fasamcat), presidida por Laura Rojas, ratificó a última hora el acuerdo, aunque no acababa de verlo claro.

Una de las cláusulas del documento provocó las dudas de Rojas: «Para conseguir la integración en una cultura pública común, el pacto propone fomentar la participación en la vida pública, hacer del catalán la lengua pública común…»

Para la presidenta de Fasamcat, el acuerdo debería haber establecido que «tanto el catalán como el castellano son los idiomas comunes» de Cataluña, ya que ambas son lenguas oficiales en esta comunidad.

Rojas intentó convencer al secretario para la Inmigración, el republicano Oriol Amorós, de la conveniencia de incluir una mención al castellano en el pacto, pero no lo consiguió. La representante de la comunidad latinoamericana en Cataluña presentó una enmienda al texto redactado por Amorós, argumentando que de acuerdo con los artículos tres de la Constitución española y 6.2 y 32 del nuevo Estatut, el catalán y el castellano son lenguas cooficiales en esta comunidad.

Pero las alegaciones de Rojas llegaron tarde. Según le explicó Amorós, el plazo para presentar enmiendas ya había concluido cuando Rojas entregó la suya.

No obstante, el secretario para la Inmigración tranquilizó a Rojas y la invitó a firmar el acuerdo con el argumento de que esa cláusula sólo tenía «un valor simbólico», según relató la presidenta de Fasamcat.

Ahora, el pacto se convertirá en ley y también el principio de que «el catalán es la lengua vehicular y común del proceso de acogida, en la línea de lo que establece el Pacto Nacional para la Inmigración», tal y como recordó ayer la consellera de Acció Social, Carme Capdevila.