g. montañés enviar a un amigo imprima este texto texto normal texto medio texto grande

vitoria. La Diputación alavesa y el PP volvieron a intercambiar críticas ayer a raíz de la gestión de los menores extranjeros no acompañados. Los populares consideran “insuficiente” el nuevo centro para estos jóvenes abierto en Molinuevo, mientras que el Ejecutivo replicó que el PP únicamente intenta poner trabas a las medidas sociales que se plantean en el Estado: “No les interesa que haya acuerdos”.

Molinuevo, con dos módulos independientes de 14 plazas cada uno, funciona ya a pleno rendimiento tras culminar su traslado de sus usuarios. El PP lamentó ayer que esta infraestructura siempre se ha opuesto a su ubicación en Vitoria nazca llena. Sin embargo, la diputada foral de Política Social, Covadonga Solaguren, insistió en que esta situación de “crecimientos incontrolados” de menores se repetirá mientras puedan moverse con libertad entre autonomías “y lleguen diciendo que quieren venir a Vitoria, como sucede últimamente”. “Si los territorios de nuestro alrededor no ponen recursos para atender a los menores, Vitoria seguirá siendo el polo de atracción”, añadió.

Solaguren, en este sentido, se refirió una vez más a la necesidad de establecer un número máximo de chicos por población y también a limitar la movilidad de estos adolescentes. Recordó que, en la actualidad, Álava acoge a 122 menores, más que todo Aragón (105) y Navarra (8). Solaguren defendió que, al fijar una cifra, el territorio podría al menor manejar una previsión de los chicos que pueden llegar a la provincia la afluencia es mayor entre octubre y primavera y así mejorar los servicios.

una reunión clave La titular de Política Social reveló que, tras los contactos realizados entre febrero y marzo con el Gobierno central, se está a la espera de que el Estado convoque una reunión de las comisiones que reúnen a las autonomías para abordar cuestiones de la infancia. El objetivo, además, es que todas las fiscalías españolas acuerden “un criterio homogéneo” para determinar “la edad de las personas”. Es decir, aclarar si se confía o no en la prueba ósea como algo definitivo para fijar la edad de estos menores.

La procuradora popular Ana Morales, por su parte, criticó que el ejecutivo de Madrid no se haya involucrado en esta polémica, algo que negó Solaguren: “Lo que pasa es que al PP no le interesa que haya acuerdos. Siempre buscan tirar abajo cualquier propuesta del partido socialista”.