Pese a las promesas y a los rimbombantes pactos, los Veintisiete países de la UE todavía muestran poca solidaridad ante las crisis generadas por la inmigración Con el Tratado de Lisboa, las decisiones entre gobiernos se tomarían más rápido y el Parlamento tendría más voz. Entre sus últimas resoluciones de esta legislatura, la Eurocámara pidió el voto para los inmigrantes legales. El 35% de los austriacos se define como euroescéptico, alegando que Bruselas le queda demasiado ‘lejos’ Bruselas

A principios de mayo, tres barquitos con 227 personas desesperadas por llegar a las costas europeas, entre ellas niños y tres mujeres embarazadas, fueron escoltados por la Marina italiana desde las aguas de Sicilia hasta Libia, país del que no provenían y donde no tendrían oportunidad de pedir asilo. Mientras la ONU o el Vaticano criticaban duramente a Italia por haber violado las leyes internacionales de acogida, la Comisión Europea se cerraba en un embarazoso silencioso.

Cada mañana, durante varios días, en la sala de prensa de la Comisión los reporteros italianos presionaban al portavoz competente, Michele Cercone, quien contestaba repetidamente con evasivas que rayaban en el ridículo. «No tenemos información…», insistía. «Pero, ¿quieren conseguirla?», rebatía una periodista. «Todo depende de los detalles», decía Cercone en nombre de Jacques Barrot, el comisario de Justicia e Interior, un francés muy dado a proclamar que la política de inmigración debe ser europea, pero menos inclinado a demostrarlo.

La última crisis italiana y su nueva solución unilateral, tras discusiones de acogida sólo con Malta por la cercanía, demuestran una vez más que la supuesta política europea de inmigración es limitada y que hasta las instituciones que la defienden se quedan paralizadas a la hora de mediar en los conflictos prácticos.

Es cierto que el empuje de los Estados mediterráneos ha logrado algunos principios para toda la UE contra la resistencia de Alemania y otros gobiernos centroeuropeos, celosos de sus competencias sobre la gestión de fronteras en una Europa sin ellas. Ya existen así algunos mínimos comunes, como la gestión de ilegales detenidos en la UE – la Directiva de Retorno, sobre los plazos y las condiciones de retención y repatriación de inmigrantes sin papeles – , la tarjeta azul para la captación de trabajadores extracomunitarios con más formación profesional y académica o las sanciones para empresarios que contraten y exploten a inmigrantes sin permiso laboral.

Pero, como explica un informe recién publicado por el Centro de Estudios de Política Europea, el principal problema de este enfoque minimalista es que «las variaciones entre Estados miembros se han hecho tan grandes que ya no hay una regla común o ningún tipo de igualdad a nivel europeo», desde la calidad o las condiciones de la acogida hasta los costes de instalarse de manera legal en un país de la UE. Por ejemplo, el precio de la reunificación familiar varía desde el estándar de 35 euros por los trámites burocráticos hasta los 1.368 exigidos por Países Bajos. Estos desajustes hacen flaco honor al lema de la UE, «unida en la diversidad».

Desde hace una década, los Quince – ahora Veintisiete – han pasado competencias migratorias a los órganos de decisión común en Bruselas. Aun así, la UE aún tiene poca autoridad y, a veces, pocas ganas de coordinar en las crisis más urgentes o en las disputas, muy frecuentes entre Italia y Malta, sobre quién acoge y auxilia a los inmigrantes a la deriva. La Comisión prepara más propuestas para este año sobre la admisión de los trabajadores temporales – sobre todo, ligados a la recogida de las cosechas – , pero la posibilidad de convertir sus ideas en legislación común probablemente dependerá de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que acaba con la exigencia de la unanimidad de los Veintisiete en más áreas de Justicia e Interior y refuerza el papel del Parlamento Europeo.

Más allá de España, Francia, Italia, Malta o Grecia y algunos nórdicos con problemas propios, la mayoría de Estados miembros quieren mezclarse poco en asuntos migratorios que aún consideran ajenos.

«Es muy importante que todos los ministros de Interior de la UE crean que la situación sólo se puede resolver a través de una mayor solidaridad europea», dice Barrot en una carta al Consejo de los Veintisiete, que tratará esta semana, de nuevo, su titubeante política migratoria, en particular las peticiones de asilo. «En este momento, no todo el mundo está convencido», escribe el comisario, siete meses después de que Francia firmara con sus socios a bombo y platillo el Pacto para la Inmigración.

Suecia, que releva a República Checa como presidente semestral de la UE el 1 de julio, considera que las propuestas galas fueron, en cualquier caso, insuficientes, y defenderá en su turno nuevas normas para los demandantes de asilo. Suecia, uno de los países que recibe más solicitudes de refugiados que escapan de Estados en guerra o donde el abuso de los derechos humanos es generalizado – sobre todo, iraquíes – , quiere que la UE esté obligada a repartirse más equitativamente a los demandantes de ayuda e incluso que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo tenga competencias para mediar.

La Eurocámara apoya a los suecos y ya está deseando que entre en vigor el nuevo Tratado y tener así plenos poderes legislativos para negociar los detalles de las normas migratorias que ahora se cocinan entre la Comisión y el Consejo. Los eurodiputados, siempre algo más federalistas que los gobiernos, quieren, por ejemplo, reforzar la Agencia Europea de Control de Fronteras, Frontex, que ahora depende de la buena voluntad de los Estados miembros para compartir recursos. El hemiciclo pide establecer un mecanismo de «solidaridad obligatoria» para que las patrullas de vigilancia y rescate sean más numerosas y más flexibles para intervenir en caso de necesidad.

De hecho, una de las votaciones del Parlamento en su última sesión antes de la pausa electoral fue a favor de que se enmiende el sistema europeo de asilo para incluir un mecanismo obligatorio de reparto antes de 2012. Entre sus propuestas, los eurodiputados reclaman la creación de una Agencia de Asilo y más ayuda a los países europeos periféricos.

En general, el Parlamento suele respaldar una política más favorable a los inmigrantes y a sus derechos que los gobiernos. De hecho, en su última sesión, una alianza de socialistas, comunistas, verdes y liberales también aprobó un texto que reclama que los inmigrantes legales tengan «la oportunidad de votar en las elecciones locales» en toda la UE, un derecho aceptado en Bélgica o en Países Bajos y que podría estrenarse en España en las próximas municipales de 2011.

Según la Comisión Europea, dentro de cuatro décadas, la UE debería contar con, al menos, 60 millones de trabajadores inmigrantes para mantener a los pensionistas europeos. Puede que el Parlamento también necesite sus votos.

El viejo eslogan antiinmigración resiste

M. R. / Bruselas

BRUSELAS. – En la última década, una de las propuestas que ha hecho avanzar a los partidos extremistas ha sido la contención drástica de la inmigración por motivos laborales o religiosos y, aunque ya algo manoseados, los eslóganes vuelven por toda la UE estas elecciones.

En República Checa, el Partido Nacional – que el Gobierno de Praga intenta prohibir – pide una «solución definitiva a la cuestión gitana», con un guiño nazi, el Partido Británico Nacional defiende «trabajos ingleses para los ingleses» o el Partido de la Libertad de Austria quiere «un Occidente en manos de los Cristianos».

El nuevo hemiciclo comunitario previsiblemente dará cabida a algunos de ellos, como los británicos, que conseguirán, según las encuestas, uno o más escaños, o los austriacos, los más exitosos. Su voz subirá ligeramente en el hemiciclo, ya que los sondeos estiman que los euroescépticos y ultras – sus argumentos contra la inmigración se suelen solapar – controlarán unos 45 escaños de los 736 elegidos.

La representación de estos partidos es más fuerte en algunos países de ciudadanos temerosos de la inmigración, como Austria, donde al menos cuatro de sus 17 escaños nacionales podrían caer en manos de políticos que atacan lo que consideran una invasión islámica. Pero la oleada anti inmigrante también afecta a los países del norte, antes más moderados y tolerantes. El Partido de los Verdaderos Fineses – el nombre lo dice todo – es uno de los más exitosos de esta campaña y el grupo del holandés Geert Wilders, famoso por su documental contra el islam, también entrará en la Eurocámara.

El poder de voto de estos radicales es limitado y su presencia en el Parlamento suele reducirse a un ‘show’ colorista de cánticos o palmadas de protesta en algunas sesiones, pero su rincón puede ir captando simpatizantes entre algunos eurodiputados conservadores del Este.

elmundo.es

Especial:

La Europa de los Veintisiete.