El jurado popular que desde el pasado miércoles juzgaba en la Audiencia Provincial a un funcionario del Ayuntamiento de Murcia ha considerado probado que exigió dinero a un inmigrante para acelerar la expedición de un certificado de empadronamiento.

El jurado ha llegado a esta conclusión de culpabilidad contra D.G., por las declaraciones del inmigrante y por las de la hija del empresario que le ofreció trabajo.

Ambos revelaron al tribunal, como lo habían hecho a lo largo de la instrucción de la causa, que D.G., técnico auxiliar de gestión e información al ciudadano del ayuntamiento de Murcia, exigió dinero por agilizar la tramitación del certificado, lo que éste negó.

El fiscal señaló en sus conclusiones que la cantidad requerida fue de 80 euros, aunque ni el inmigrante ni la hija del empresario, que denunció los hechos en el ayuntamiento, recordaron la cantidad exacta al declarar como testigos.

Ahora será el magistrado – presidente, Abdon Díaz, quien dicte la sentencia y fije la pena contra el acusado, para el que el fiscal solicitó una multa y la suspensión de empleo.