Miembros de este colectivo comparecieron ante las Juntas, y a puerta cerrada, para explicar su crítica a la gestión foral

donostia. La asociación SOS Racismo denunció ayer ante las Juntas Generales de Gipuzkoa la “vulneración de derechos” que sufren los menores del centro de acogida para inmigrantes conflictivos de Deba.

En una comparecencia que superó las dos horas de duración, los representantes de este colectivo Peio Aierbe y Anna Stern explicaron, a petición de Aralar, las razones por las que se oponen a las medidas que sigue el Departamento de Política Social de la Diputación con los jóvenes de otros países que están bajo su tutela. Tras concluir su intervención, que tuvo lugar a puerta cerrada a petición de EA, Aierbe explicó que a los chavales albergados en el centro de Deba “se les debe enseñar a seguir conductas adecuadas” pero “sin menoscabo de sus derechos”.

En concreto, denunció que “se les impide tener acceso a cualquier tipo de educación y seguir adelante con la tramitación de sus papeles”. Ambas cuestiones “están reguladas por la ley” y su prohibición supone “una vulneración de los derechos de estos menores de edad por parte de la Diputación”.

Según declaró este miembro de SOS Racismo en la comisión de Política Social, los residentes en Deba, que están dentro de un programa para jóvenes conflictivos, “no asisten a ningún centro educativo, ni van a clase ni reciben formación de ningún tipo, sino que están todo el día sin hacer nada”.

A su juicio, el motivo por el que la Administración foral actúa de este modo es que “quiere hacerles ver que aquí no van a conseguir nada, ni papeles, ni educación, ni trabajo ni nada. Pretenden ponerles el futuro tan negro, que se vuelvan a sus países”. De hecho, según subrayó Aierbe, “si se quieren ir la Diputación hasta les paga el billete, como ya ha pasado”.

Desde SOS Racismo, criticaron también a la entidad foral por pedir una modificación de la Ley del Menor que permita devolver a estos jóvenes a sus países de origen. “Esto, en los muchos casos en los que no tienen un entorno familiar adecuado, iría en contra de la ley y de la ética, que nos dicen que todas las actuaciones tienen que hacerse en interés del menor”, apuntó Aierbe.

De este modo, el representante de SOS Racismo criticó duramente la política de la Diputación, con quien aseguró que existen “discrepancias radicales en este aspecto”, aunque indicó que “eso no significa que SOS Racismo quiera echar por tierra todo su trabajo en otros aspectos relacionados con los menores”.