La crisis económica, una realidad indiscutible, se está revelando la herramienta perfecta de muchos Gobiernos para recortar derechos fundamentales y aumentar los abusos contra la población. Es una de las conclusiones fundamentales del informe anual de Amnistía Internacional que, de forma simultánea, fue presentado ayer en todo el mundo con el análisis pormenorizado de la situación en un total de 157 países durante el año 2008.
Esta alerta global es aplicable, con sus circunstancias específicas, tanto a los países en vías de desarrollo como en los que integran el primer mundo. En los primeros, la escasez y el encarecimiento de la comida y del agua potable, unido a la falta de tierra y vivienda han aumentado las protestas ciudadanas, reprimidas con dureza por los Gobiernos, muchos de ellos autoritarios. Es el caso, por poner solo unos ejemplos, de Zimbabue o Túnez.
En el mundo desarrollado, léase la UE y, concretamente, España, se están produciendo importantes restricciones en la legislación sobre inmigración y derecho a asilo en aras de la recuperación económica, denuncia Amnistía.
El presidente de AI en Catalunya, Pep Parés, hizo especial hincapié en la falta de compromisos del G – 20 con los derechos humanos. En el 2008, el 78% de las ejecuciones en todo el mundo se llevaron a cabo en países integrantes del G – 20, entre ellos EEUU, Arabia Saudí y China. El porcentaje es del 74% en el apartado de detenidos sin cargos ni juicio durante periodos prolongados y del 79% en los casos de procedimientos de interrogatorio con métodos considerados tortura.