La organización humanitaria reconoce que los controles de extranjeros durante el último año “son sistemáticos”

donostia. El abogado senegalés de Cáritas Abdoulay Guey tiene previsto iniciar en breve los trámites para conseguir la vuelta a casa de Jacques Armand Nog, el joven camerunés estudiante en el campus donostiarra de la UPV que fue deportado por su situación administrativa irregular tras ser detenido a finales de abril. La Universidad se ha puesto en contacto con la organización humanitaria para ensayar fórmulas que permitan resolver la situación, y este abogado se hará cargo del caso.

El letrado explicó ayer que antes de ensayar cualquier vía, es preciso determinar si el procedimiento administrativo que se ha llevado a cabo para proceder a la deportación del joven ha sido el correcto.

Para ello, tiene previsto mantener una reunión en los próximos días con la UPV para conocer de cerca los detalles que rodean el proceso. “Si es así”, precisó, “revocaremos la orden de expulsión pidiendo su vuelta a casa a través de un nuevo visado”.

Es un punto de partida que habrá que confrontar con la realidad. La revocación exigiría, de algún modo, la vuelta atrás de la Administración respecto al paso que ya dio a finales de abril, un extremo que por el momento no está ni mucho menos claro.

Armand fue detenido el 28 de abril y deportado un día después. Los policías que le retuvieron, según han corroborado a este periódico distintas fuentes consultadas, le confesaron al chaval que ni siquiera ellos estaban de acuerdo con su modo de actuar y que se limitaban a “acatar órdenes”.

Para el letrado es preciso saber a partir de ahora si el resultado de todo el calvario que vive el joven Armand es “resultado de una interpretación restrictiva de la Ley de Extranjería o bien la policía ha actuado de un modo ilegal a sabiendas”. “Si se trata de una interpretación, se nos complica un poco el tema”, apunta, ya que eso no sería causa de nulidad del procedimiento.

no es anecdótico La situación que ha vivido Armand, en todo caso, no es ni mucho menos anecdótica y parece responder a un endurecimiento de la Ley de Extranjería y de la política de cupos.

En este sentido, según confirmó ayer a este periódico el asesor jurídico de Cáritas en cuestiones de inmigración, los controles desde hace un año “son sistemáticos” en estaciones de tren y locutorios de ciudades como Irun y Donostia. “Conocemos casos concretos en los que la Policía Nacional se ha desplazado expresamente a localidades como Bergara para hacer controles de extranjeros y de su situación administrativa. Es algo que no había pasado nunca. Parece evidente que se ha tomado una decisión en alguna parte para endurecer las condiciones. La situación en Pamplona también es brutal. Cada vez más autobuses de línea se paran en los peajes para hacer controles”, asegura Guey.

El abogado del turno especial de Extranjería que también se está haciendo cargo del caso del joven camerunés reconocía a este periódico que el plazo de dos meses que habitualmente se ha concedido para presentar alegaciones ante un caso de deportación ha dejado de respetarse en los últimos tiempos. “La aplicación de la ley se ha endurecido”, corrobora. De hecho, su representado fue arrestado seis días antes de que venciera el plazo.

Se da la circunstancia de que un avión partía desde Barajas rumbo a Camerún aquella misma mañana en la que el joven fue deportado. “Estaba esperando, y había que llenarlo”, confesó un abogado que rehusó facilitar su identidad.

Al letrado senegalés de la organización humanitaria no le extraña nada esta manera de actuar a tenor de lo visto en los últimos tiempos. Con frecuencia, asegura, se actúa “en base a factores que no son nada objetivos. El último caso que he atendido es el de un camerunés que tenía una orden de expulsión dictada desde hacía un año. Pidieron para él su internamiento, pero como no había plaza, le dejaron libre, así sin más”, expone a modo de ejemplo.

En lo que coinciden todos los abogados es que hasta ahora se respetaba el plazo de alegaciones antes de ejecutar cualquier orden de expulsión. Por eso consideran “inusual”, el paso que se ha dado con el joven camerunés, lo que no quiere decir que no sea “legalmente posible. Ahí está el problema, es lo que vamos a tener que dilucidar a partir de ahora”, asegura el letrado senegalés de la organización humanitaria.